El diputado del grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, pide al Gobierno que informe al Parlamento de este contrato. El Gobierno reclama el dinero a la empresa a la que se lo adelantó
José Alberto Díaz-Estébanez, diputado del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) ha pedido que el Gobierno informe en el Parlamento de las mascarillas «que pagaron y nunca recibieron«. Se refiere a la «operación fallida» por parte del Servicio Canario de la Salud de comprar mascarillas. Un contrato de compra de mascarillas por valor de cuatro millones de euros. Fueron compradas, según CC, a una empresa «sin aval técnico ni económico». También pagadas por adelantado y que nunca se recibieron, información que publica este jueves Canarias 7.
Díaz Estébanez indica que «no es la primera información que sale en los medios» de comunicación sobre irregularidades en la adquisición de material sanitarios durante la pandemia.
Otras adquisiciones relacionadas con la covid
Recuerda que el pasado 26 de enero solicitó documentación al Gobierno de una noticia sobre “el contrato de adquisición de 48.000 test PCR realizado por el Gobierno de Canarias (Servicio Canario de Salud), en el primer semestre de 2021, por un coste de 720.000 euros”.
Según CC, en la respuesta recibida a esa solicitud, «no se aporta la documentación en sí, que era el expediente en cuestión. Debido a ello, hace unas semanas Díaz Estébanez reiteró la petición para que se incluyeran esos documentos. También para que se concretara “el precio pagado sobre el precio de mercado». Y que se aclarara quién determina y con base a qué criterios la elección de la empresa productora. También el papel de «intermediación de otra empresa”.
Respuesta del Servicio Canario de Salud
La Agencia Tributaria Canaria reclama esos 4 millones de euros a una empresa dedicada a la compra venta de vehículos. En concreto a RR7 United SL, a la que el Servicio Canario de Salud (SCS) adelantó el dinero por el suministro de una partida de mascarillas defectuosas que nunca recibió.
El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha confirmado esta reclamación. Ha hecho hincapié en que se trató de una compra de emergencia que se efectuó en mayo de 2020 y que se abonó por adelantado. Añadió que fue así según lo establecido en el real decreto de medidas urgentes para hacer frente a la covid-19.
Domínguez ha explicado que desde el SCS se han iniciado todos los procedimientos administrativos para recuperar el dinero adelantado.
Ha destacado que en esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se resolvieron «con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos».
Así mismo, ha indicado que empresas como Inditex, Endesa y otras muchas que no suministraban material sanitario se pusieron a disposición del Gobierno para conseguirlo, dada la escasez que había.
Desde el SCS recibían ofertas y se comprobaba la documentación que enviaban «para ver si cumplían». Con ese proceder se llevaron a cabo diferentes compras a empresas que podían suministrar el material. Porque los proveedores habituales de Sanidad, en algunos casos, no eran capaces de conseguirlo.
Embargo por vía ejecutiva
Ha hecho hincapié en que «no se trataba de una compra normal porque se competía con las comunidades y con el mundo por la escasez que había de mascarillas y porque toda la fabricación estaba centrada en China».
En el caso de esta partida de mascarillas que nunca llegó, La Agencia Tributaria Canaria ha iniciado un proceso de embargo por vía ejecutiva. Todo, para poder recuperar los recursos de la comunidad autónoma, ha indicado.
Domínguez ha explicado que la partida que se compró a la empresa RR7 United SL fue intervenida por los servicios de Aduana de la Agencia Tributaria. Fue así porque advirtieron defectos formales en la documentación que entregaron y las hallaron defectuosas, por lo que quemó el material incautado.
Ha precisado que el SCS fue informado de ello por la propia empresa y el personal de su departamento no pudo acceder al material ni comprobar si cumplía los requisitos exigidos, pues ha dicho que desde la Agencia Tributaria se les dijo que «no eran interesados y que no tenían que informar de nada».
Requerimientos a la empresa
El responsable del SCS ha recalcado que «desde el primer momento enviaron requerimientos a la empresa para que les devolvieran el dinero«. Añadió que cuando se publicó la resolución del contrato en el Boletín Oficial del Estado se lo comunicaron a la Agencia Tributaria Canaria para que recuperara el dinero.
Además, ha señalado que, en caso de que la Agencia Tributaria no recupere el dinero, los servicios jurídicos de la Consejería analizarán las acciones judiciales a emprender contra la empresa. Domínguez ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas con motivo del Día Internacional de la Enfermería.
