El presidente del parlamento canario recuerda que 200 millones de ciudadanos viven en algún lugar donde existe un organismo con un poder para legislar, “mayor que el de sus propios parlamentos nacionales»
Gustavo Matos, durante su participación en una conferencia en Bruselas. Foto Web RTVC.
El presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE (CALRE), Gustavo Matos, reivindicó este martes un papel protagonista de las regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
“Debemos ver en las regiones una oportunidad para fortalecer el proyecto europeo, por lo que su papel en la toma de decisiones ha de ser mayor”, apuntó. Lo hizo en el encuentro ‘El lugar de las regiones en la arquitectura de la UE en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa’, celebrado en la sede en Bruselas del Comité Europeo de las Regiones. Allí intervino junto al presidente de la organización, Apostolos Tzitzikostas.
En el acto de apertura de la reunión, en la que participaron 200 representantes de instituciones locales y regionales de 20 Estados miembros de la UE, Matos recordó que 200 millones de ciudadanos de la Unión viven en algún lugar donde existe un parlamento “cuya capacidad para legislar en esos territorios es incluso mayor que la de sus propios parlamentos nacionales”
Oportunidad
Por esa razón, dijo, esas regiones con capacidad de legislar “son también la oportunidad para que el proyecto europeo se reconecte de manera directa con la ciudadanía”. Insistió en que el futuro del proyecto europeo, “en gran medida, será con las regiones o no será, proyecto que es un espacio de valores, de convivencia y que garantiza libertades y seguridad personal”.
Por esa razón, añadió, la UE “sigue siendo un faro para una gran parte del mundo, de tal forma que esa diversidad que genera ha de hacernos más fuertes porque encajarla enriquece al proyecto europeo”.
Un aspecto en el que insistió el presidente fue en la propuesta de una unión sanitaria como reto de futuro, para combatir fenómenos sobre salud pública de manera más eficaz.
El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación
Informa: Osiris Armas
El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
«Con este proyecto de ley, pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI», ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del Gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el «borrado de las mujeres».
Montero ha asegurado que, además del colectivo trans y LGTBI, las protagonistas del impulso a esta ley son también las mujeres feministas.
«Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega ninguna», ha dicho y, con respecto a las críticas de cierto sector del feminismo, ha recordado que siempre que se aprueban leyes de este calado, como la del aborto o la del matrimonio igualitario, hay debate social y oposición, «pero con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones».
Avance en los derechos de las personas trans y LGTBI
Ha subrayado que con esta legislación España «hace historia». «Es un paso de gigante» en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI y ha agradecido el trabajo realizado tanto por el Ministerio de Justicia, como por el conjunto del Gobierno y los propios colectivos.
Esta ley -ha dicho- muestra la fortaleza de un Gobierno «aliado de las personas trans y LGTBI» y que es capaz de trabajar y hacer políticas «que mejoran la vida de la gente y garantizan su felicidad».
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que un Gobierno que se precie debe tener el objetivo de «llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve».
«Que hoy haya personas que pueden respirar más tranquilas es motivo suficiente para que este Gobierno se sienta satisfecho», ha dicho Campo.
El titular de Justicia ha agradecido la labor desempeñada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. «Contar con una persona sensible con estos temas es garantía de solidez», ha dicho.
Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por «mera voluntad o deseo», se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige «madurez y estabilidad» para el cambio de sexo.
Ambos ministros han destacado que la nueva legislación sitúa a España a la vanguardia de Europa en un contexto en el que hay un «cuestionamiento profundo» de los derechos de las personas LGTBI.
«El mensaje que como Gobierno queremos mandar a las personas trasn y LGTBI es que no están solas», ha enfatizado Irene Montero.
La ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14 años cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos.
La voluntad de la persona, único requisito
De esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
Este fue uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, que finalmente han acordado permitir el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos.
La portavoz del gobierno, preguntada de forma directa sobre si ella apoya la autodeterminación de género, ha señalado que «es partidaria del texto que ha aprobado el Consejo de Ministros».
La ley establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo.
En este sentido, Campo ha apuntado que la reversión es posible, pero sólo una vez, tras un plazo de al menos seis meses y con una autorización judicial.
La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.
Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses antes de inscribir su sexo en el Registro.
La Sala de lo Contencioso Administrativo alega que no ha quedado demostrado que el aumento de los positivos en la isla se deba al consumo en interiores |El Gobierno pide ahora al sector de la restauración que le presente una propuesta para intentar parar la pandemia
La sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Juticia de Canarias (TSJC) ha dejado sin efecto las últimas medidas complementarias tomadas para intentar frenar el aumento de los casos de coronavirus en Tenerife. El tribunal considera que no ha quedado demostrado que la permanencia y el consumo en zonas interiores sea la causa de la problemática que se vive en la isla, con un aumento exponencial de positivos en las últimas semanas. Tras conocer la medida, el Gobierno de Canarias ha pedido al sector de la restauración que le presente mañana una propuesta alternativa.
El TSJC no entiende que el cierre de interiores y la limitación a 50% del aforo en las terrazas al aire libre sean «las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial, pero sí apunta que el cese de esta actividad «constituye todo un drama para el sector de la restauración y hostelería».
La sala argumenta su decisión también en un informe «deficitario» sobre el nivel de certidumbre de donde se producen los contagios, «pero los reconoce dentro de los sectores más jóvenes y no por vinculación con este sector».
Petición de la patronal
Con esta decisión, el TSJC asume la petición de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias para suspender con carácter cautelar la actualización de medidas de revención establecidas por el Gobierno de Canarias el pasado 19 de junio en referencia a Tenerife.
En concreto, las alusivas al cierre del interior de los locales de hostelería y la limitación al 50% del aforo en las terrazas.
Con carácter cautelarísimo y, por tanto, sin dar trámite de audiencia a la parte demandada, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife expone su visitón de los hechos y reclaca que la medida “no resiste el agravio comparativo al interés público reflejado, en este caso, en el perjuicio económico que se le causa al sector de restauración y hostelería, esencial y estratégico».
Así, agrega en el escrito de 5 folios que este «ha venido sufriendo en estos últimos meses un verdadero calvario, siendo causante principal de la pérdida del 13% del PIB a la cabeza de los peores datos entre las comunidades autónomas que conforman el Estado”.
El Tribunal da tres días de plazo al Gobierno de Canarias para que presente las alegaciones que estime oportunas.
Reacción del Gobierno
Las primeras reacciones del Ejecutivo canario ya se han producido. Este mediodía, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, adelantaba que le llegaba la noticia del auto del TSJC mientras estaba reunido con el sector y las principales autoridades públicas y sanitarias de Tenerife para analizar, en una mesa técnica, la evolución de los contagios.
El presidente adelantó que la reunión se pospuso hasta las 14.30 horas de este miércoles, momento en el que espera que el sector de la restauración le presente «una propuesta alternativa y acorde con la situación que vive Tenerife para tratar de frenar los contagios».
«En estos momentos, lo que dice la Justicia es volver a lo de antes, con un nivel 2 en interiores, pero Tenerife no está en nivel 2, sino en el 3. Acatamos lo que dice la Justicia, pero la situación ha exigido pasar a nivel 3», apuntó a preguntas de los periodistas poco antes de reseñar que «nadie quiere que aumenten los contagios. Hay que respetar lo que diece la justicia, pero buscar fórmulas», finalizó.
Unai Sordo celebra desde Gran Canaria que el pago de las mismas no se aborde «desde la perspectiva de recortes»
Informa Estefanía de Blasio
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha defendido este martes que el acuerdo sobre las pensiones alcanzado con el Gobierno tiene «una importancia estratégica grande», dado que «cambia el enfoque» instalado en España en esa materia en los últimos ocho años.
El acuerdo cerrado este lunes por los sindicatos y patronales más representativas con el Ejecutivo «cambia la forma de abordar el problema», porque «es cierto que habrá más pensionistas con pensiones más altas y a cobrar durante más tiempo», pero «no se abordará desde la perspectiva de recorte», ha dicho Sordo en Gran Canaria, en el duodécimo Congreso de CCOO en las islas.
«Esta reforma que hemos pactado está pensada para lanzar un mensaje de certidumbre a las futuras generaciones de pensionistas» y, con ella, «se derogan los aspectos de recorte de la reforma del año 2013 y se ponen sobre la mesa una serie de medidas sobre los ingresos futuros de la Seguridad Social que hay que desplegar los próximos años y hay que complementar con medidas adicionales».
Según Sordo, las medidas descritas en el acuerdo «están orientadas a garantizar la suficiencia del sistema de pensiones en las próximas dos décadas y media», dado que desde el año 2025 hasta el 2048 el número de pensionistas aumentará hasta en un 40 por ciento frente a su cifra actual.
De cara al futuro
De esta forma, es un acuerdo «no para los actuales pensionistas» sino para «las generaciones que hoy tienen 25 años, para que se empiece a instalar la idea de que existe un sistema solvente», ha dicho.
A juicio del líder de CCOO, «se trata de un acuerdo valioso que continuará con negociaciones» y que supone «un punto de inflexión para decir que España apuesta por un sistema público de pensiones».
El maltrato de Poli Díaz hacia su mujer es habitual y a partir del primer año de relación “extremadamente violento, tanto desde el punto de vista físico como psicológico”
La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas ha decreto en nivel de “riesgo extremo” en referencia a la mujer del exboxeador Policarpo Díaz, ordenando las medida necesarias de protección a favor de ésta por parte de las fuerzas del orden público, informa un comunicado.
El exboxeador Poli Díaz
La magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez fundamenta su decisión en las manifestaciones de la presunta víctima, quien ha relatado en sede judicial que el maltrato de Poli Díaz hacia ella es habitual y que a partir del primer año de relación con ella ha sido “extremadamente violento, tanto desde el punto de vista físico como psicológico”.
La denunciante relató que las agresiones de su pareja han consistido el “tirarle del pelo y darle bofetones con la mano abierta”, sucediendo que en tres ocasiones la agarró por el cuello “hasta el punto de temer por su vida”.
La autoridad judicial tomó declaración este martes al acusado, que desde el pasado viernes se encuentra en prisión preventiva por orden del mismo órgano judicial, como presunto autor de un delito de mal trato habitual en el ámbito familiar, otro delitos de lesiones continuadas y un tercero de amenazas en el ámbito familiar.
Díaz sí prestó declaración en esta ocasión. El pasado jueves, en el Juzgado de Guardia, se acogió a su derecho a guardar silencio.
En la lista de la selección olímpica junto a Pedri también está convocado el portero de la Unión Deportiva Las Palmas Álex Domínguez
Pedri con la selección en categorías inferiores. Fotograma RTVC
Luis de la Fuente, seleccionador olímpico español, anunció este martes la lista de 22 convocados, 18 más cuatro suplentes, en la que incluyó a Marco Asensio, tras renunciar al Europeo sub-21 en 2019 que dio el billete a los Juegos Olímpicos, y a Dani Ceballos, y a seis jugadores que están disputando la Eurocopa 2020, entre ellos en tinerfeño Pedri.
En la lista de la selección olímpica también está convocado el portero de la Unión Deportiva Las Palmas Álex Domínguez.
Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, engancharán la disputa de la Eurocopa con la concentración del equipo olímpico.
Los seleccionados quedarán concentrados el día 30 a las 20:00 hora CET y al día siguiente se ejercitarán en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, antes de desplazarse a la localidad alicantina de Benidorm, donde realizarán la preparación previa a los Juegos hasta que viajen a Japón el 13 de julio.
Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Marc Cucurella (Getafe), Juan Miranda (Betis).
Centrocampistas: Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).
Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).
La Audiencia Provincial de Las Palmas condena también al autor de los hechos a pagar 350.000 euros de indemnización
Juicio por el asesinato de Vanessa Santana. Fotograma RTVC
El condenado por allanamiento, agresión sexual y asesinato de su prima hermana en Fuerteventura deberá cumplir 41 años en prisión, según consta en la sentencia de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Además, tiene prohibición de acercarse o comunicarse de cualquier forma con los padres de la víctima durante 10 años y debe pagar indemnizaciones por un importe total de 350.000 euros.
El Tribunal, en concreto, le impone 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar. Además, 14 años y 6 meses por el de agresión sexual con agravante de alevosía. Y, por último, un año y 6 meses por el de allanamiento de morada, también con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar.
Fue declarado culpable por un jurado por todos los delitos y las acusaciones representadas por el Ministerio Fiscal, la familia de la víctima y el Instituto Canario de Igualdad pedían 42 años de prisión.
Retraso mental de carácter leve
El condenado sufre un retraso mental «de carácter leve» que el Tribunal de Jurado considera que no supone «ninguna alteración de su voluntad, capacidad de comprensión y conciencia de su actuar en el momento de los hechos».
La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha detallado también a través de la sentencia que una vez sea puesto en libertad, el condenado estará 5 años en libertad vigilada como consecuencia de la pena por agresión sexual.
El condenado también lo ha sido a inhabilitación absoluta y especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y no podrá acogerse a indulto, dado que el jurado lo rechazó de forma unánime.
Golpeada con un martillo
El jurado consideró probados que el condenado robó las llaves de la casa de su prima hermana y entró armado con un martillo, dos navajas y una cuerda cuando pudo certificar que se encontraba sola y dormida.
La golpeó repetidamente en la cabeza con el martillo, hasta 30 veces, y casi muerta la agredió sexualmente. Intentó limpiar la sangre y ocultar el cuerpo sin vida de la mujer y al no poder hacerlo abandonó la vivienda.
El presidente destaca los acercamientos producidos, pero reconoce que las islas no pueden perder ventaja en los incentivos fiscales para las producciones audiovisuales frente al resto del país | Augura también una buena temporada de invierno en el sector turístico
Pleno del Parlamento de Canarias, celebrado este lunes. Foto Web RTVC.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó este martes su confianza en que se pueda llegar a un «acuerdo» con el Estado sobre el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas.
El objetivo, que este se sitúe por debajo del 80 por ciento en relación al resto del Estado. No obstante, no descartó que el asunto, si no prospera con «distintas iniciativas legislativas», pueda acabar en los tribunales.
La autoridad regional apuntó que el pronunciamento del Parlamento canario, con un informe desfavorable, fue claro este lunes, por lo que se abre un nuevo periodo de «negociaciones políticas» entre ambos estamentos a través de una comisión bilateral.
Será la primera vez en la que, desde la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018, la administración del Estado y el archipiélago tengan que negociar las discrepancias sobre un cambio en el REF, el Régimen Económico y Fiscal de las islas sin acuerdo canario, en el marco de la Comisión Bilateral de cooperación.
Torres enfatizó que la administración autonómica aspira a alcanzar dicho acuerdo y rememoró que de forma progresiva se han ido consiguiendo mejoras en este apartado, alusivo a los incentivos a las producciones cinematográficas en las islas, aunque no se ha mantenido ese diferencial del 80%. «De ahí que tengamos que ir a esta situación [la negociación] por algo que es muy específico», abundó.
Temporada de invierno
Por otro lado, el presidente también se refirió a las perspectivas turísticas en Canarias para los próximos meses. Según los datos de los que dispone, «somos un territorio tremendamente apetecible y tenemos puestas todas las expectativas en una mejora progresiva. En verano competimos con varios territorios, pero sobre todo es clave tener la mejor situación epidemiológica de cara a los meses de invierno», recalcó.
Bajo su punto de vista, «el buen mercado de invierno no va a salvar el año. pero abrirá las puertas de 2022 y esperemos que no tengamos complicaciones con nuevas cepas», destacó tras volver a insistir en el objetivo de tener al 70% de la población inoculada antes de que concluya la temporada estival.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, que este martes ha citado a las defensas de Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al de Oriol Junqueras, entre otros, para comunicarles los expedientes
Carles Puigdemont. Fotograma RTVC
El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del «procés», más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, que este martes ha citado a las defensas de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, para comunicarles los expedientes.
En este documento, se especifica el alcance de la «responsabilidad subjetiva» atribuida a cada uno de los 42 cargos citados hoy en la sede del Tribunal para notificarles el expediente y detalla la cuantía atribuible a los actos vinculados al desvío del dinero.
Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un «encuentro de delegados» y 21.175 euros por el concepto «contratos».
Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el «procés» en numerosos países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y EE.UU. Francia, Ginebra (Suiza), Polonia Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.
Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EE.UU., por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.
En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y «observación electoral».
La empresa Diplomat
Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros que agrupa «visitas internacionales a líderes de opinión» junto a «visitas internacionales a periodistas», «análisis y prospectiva», «comunicación» y «promoción en red».
Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.
Las «ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas» supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.
Críticas al Tribunal de Cuentas
Todas estas cifras figuran en el expediente que este martes notifica el Tribunal de Cuentas a los 42 presuntos responsables del desvío de dinero público del Diplocat al 1-O, de los cuales ha acudido en persona el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, quien ha lamentado haberse enterado por la prensa el contenido del expediente provisional.
Además, ha arremetido contra el órgano fiscalizador al aseverar que no se trata de un verdadero tribunal.
También el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha lamentado a las puertas del tribunal la filtración del expediente, además de considerar el procedimiento una tomadura de pelo» porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer «una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior» del Govern.
Por su parte, el exconseller Homs, ha remarcado que el hecho de no conocer antes la liquidación provisional en su opinión «ilustra la categoría de este tribunal, que no es tribunal, porque no forma parte de la Justicia», al ser un órgano constitucional ajeno a la Administración de Justicia.
Los presuntos responsables del desvío de fondos para promover el referéndum ilegal del 1-O, entre los que también figuran los exconsellers Raül Romeva y Neus Munté, han sido citados para este martes junto a representantes de la Generalitat, de Diplocat, de los Abogados Catalanes por la Constitución, de Sociedad Civil Catalana, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.
Según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, los condenados por el «procés» ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.
Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados
José Luis Moreno. Imagen EFE
El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles, según han informado fuentes de la investigación.
Moreno ha sido arrestado en una operación que sigue abierta, y bajo secreto de sumario, en la que se esperan más de 50 detenciones contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales.
Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.
Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.
Al empresario y al resto de detenidos se le acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes.
La operación, que se está realizando en Madrid y Barcelona, está liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.
Se están produciendo más de una decena de registros, entre ellos la casa del empresario en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.
Otras investigaciones e imputaciones
Vinculado al mundo del espectáculo desde joven como músico, ventrílocuo, empresario y productor, José Luis Moreno, detenido este martes, ha sido relacionado en otras ocasiones con investigaciones judiciales como los casos Palma Arena o Bárcenas y con otras muchas polémicas.
José Luis Moreno (Madrid, 1947) llegó a estar imputado en el «caso Palma Arena» después de que en 2010 un exdirectivo de una productora suya, Luis Velasco Ortiz, declarara que le había visto entregar en 2005 un sobre con un soborno de 250.000 euros al entonces presidente balear, Jaume Matas.
Pero tras comparecer como imputado el juez archivó esa pieza de la causa penal al no hallar indicios delictivos.
Y también fue acusado por el extesorero del PP José Luis Bárcenas de haber donado entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al PP que se incluyeron en la contabilidad B, según declaró ante el juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, una acusación que el empresario negó.
No han sido las únicas ocasiones en las que Moreno ha estado relacionado con los tribunales, aunque por cuestiones muy diferentes: en 2014 denunció por falsedad a la actriz Yolanda Ramos, la cual dijo en directo en el programa «Hable con ellas» que el productor le debía dinero.
Y un año antes el Juzgado de lo Social 41 de Madrid embargó a su sociedad Gecaguma dos fincas y cuatro vehículos para pagar más de 39.000 euros que adeudaba a ocho actores.
Brutal agresión en su domicilio
Pero fue la investigación de la brutal agresión que sufrió en su domicilio la más seguida por los medios de comunicación.
Fue en diciembre de 2007 cuando José Luis Moreno fue víctima de un brutal atraco en su domicilio a las afueras de Madrid por el que permaneció hospitalizado una semana. El albanés Astrit Bushi, presunto cabecilla de la banda asaltante, fue puesto en libertad en 2009 debido a un error judicial y huyó a su país.
Su nombre ha llegado a estar presente en una comisión de control parlamentario en el Congreso de los Diputados cuando el diputado Joan Baldoní (grupo mixto) aseguró que cuando gobernaba el PP a Moreno le caían «del cielo» programas en las televisiones públicas, algo que el entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, negó y aseguró que su contratación era puramente profesional.
Fue a raíz del programa «La Alfombra Roja Palace», del que entre marzo y abril de 2015, TVE solo emitió cuatro programas debido al fracaso de audiencia. El productor interpuso una demanda por calumnias contra las críticas de un portal digital.
Y en 2016 fue objeto de una investigación por la Guardia Civil para comprobar si había maltratado en su casa a dos perros, tras haber sido denunciado por la asociación animal Rescue España.
Desde siempre, José Luis Moreno ha estado relacionado con el mundo del espectáculo. Su madre fue pianista y su padre, José Luis Natalio Rodríguez, además de constructor de sus muñecos y de los de Mari Carmen, fue director del Teatro Nacional de Marionetas.
Sus famosos muñecos «Monchito», «Macario», «Rockefeller» y «Daisy» han estado presentes años en las pantallas de televisión españolas, pero también trabajo en Italia para la RAI con Rafaella Carrá, y en 1986 en el Canal 5, en el programa «Pentatlon».
Como productor ha trabajado en espectáculos de variedades y series para televisión como «Humor se escribe con hache», «Aquí no hay quien viva», «La que se avecina» y «Escenas de matrimonio».
Uno de sus últimos proyectos fue el anunciado a principios de 2020: «El Resplandor y las Tinieblas», una serie ambientada en la Edad Media que giraría en torno a la vida de San Francisco de Asís, rodada íntegramente en inglés, y que estaría protagonizada por Jane Seymour y Denise Richards, aunque se canceló posteriormente.
