144.396 peticiones de asilo recibió España en 2025, tercer país de la Unión Europea que más recibió después de Alemania y Francia
España es el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe -por detrás de Alemania y Francia- pero también es uno de los que menos protección internacional concede, solo a 1 de cada 9 personas que lo piden, una tasa (11 %) que solo es inferior en Croacia (7 %) y Chipre (7 %).
Así se desprende del informe anual sobre asilo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que hace referencia a los datos de 2025 y que se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.
El año pasado, España recibió 144.396 peticiones de asilo, lo que significa una reducción del 13,7 % que rompe la tendencia de crecimiento de los últimos años, un cambio que CEAR achaca a la externalización de fronteras para reducir las llegadas irregulares y al efecto disuasorio del nuevo reglamento de extranjería.
La reforma de esta normativa, que entró en vigor en mayo de 2025, establece que el tiempo que ha pasado un migrante en España mientras espera una respuesta a su petición de asilo no computará a efectos del tiempo residido en el país para regularizar su situación a largo plazo, a través de la figura del arraigo.
Este cambio, recurrido ante el Tribunal Supremo por entidades como CEAR, ha provocado «desistimientos, archivos masivos e irregularidad sobrevenida», según el informe, que destaca que a lo largo de 2025 se archivaron 16.991 solicitudes, un 179,8 % más que el año anterior.
Cada vez menos protección, pero más necesidades
CEAR llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Una medida que sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina representaron las principales crisis de desplazamiento forzado en 2025, según muestra el Informe de CEAR. De nuevo, la mayoría de las personas desplazadas de manera forzosa lo eran dentro de su propio país y quienes tuvieron que traspasar fronteras fueron acogidas sobre todo por países vecinos de renta media y baja.
Situaciones que se han ido cronificando y agravando, y a las que se han sumado en este principio de año los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano, que amenazan aún más si cabe la paz y la justicia global. En este contexto y debido a la extensión de políticas hostiles contra la migración, CEAR alerta de que millones de personas se ven condenadas a sobrevivir en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro.
Vulneraciones de derechos y auge de discursos de odio en España
CEAR denuncia en su Informe Anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas.
Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento. Además, la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.
“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.
