Se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado que puso en peligro la democracia española en una jornada de incertidumbre que terminó por reforzar el sistema constitucional
Este 23 de febrero de 2026 se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado que puso en jaque a la joven democracia española. El llamado 23F sigue siendo uno de los episodios más determinantes de la historia reciente del país, una jornada de incertidumbre que, paradójicamente, terminó por reforzar el sistema constitucional nacido tras la Transición.
La tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba en el Congreso de los Diputados la votación para investir presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo, un grupo de guardias civiles encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo a punta de pistola. Las imágenes de los disparos al techo y de los diputados retenidos durante horas quedaron grabadas en la memoria colectiva.
Inestabilidad política y social
El golpe se producía en un contexto de fuerte inestabilidad política y social. La dimisión de Adolfo Suárez semanas antes había evidenciado las tensiones internas en el Gobierno y en el propio proceso de transición democrática. A ello se sumaban la crisis económica, el terrorismo de ETA y el malestar en ciertos sectores militares.
Durante la noche, España permaneció pendiente de la evolución de los acontecimientos. El mensaje televisado del rey Juan Carlos I, vestido con uniforme militar y defendiendo el orden constitucional, fue decisivo para desactivar el golpe. Su intervención contribuyó a aislar a los golpistas y a reafirmar la legitimidad democrática frente a cualquier tentativa involucionista.
Más allá del dramatismo de aquellas horas, la fecha simboliza la consolidación definitiva de la democracia en España. Actos institucionales, exposiciones y debates conmemorativos recuerdan estos días no solo el fracaso del golpe, sino también la capacidad de la sociedad española para cerrar filas en defensa de la Constitución.
En un contexto internacional donde las democracias afrontan nuevos desafíos, el recuerdo del 23F invita a reflexionar sobre la importancia de proteger las instituciones y la convivencia. La lección de 1981 permanece vigente: la fortaleza democrática no se da por sentada, se construye y se defiende día a día.
Desclasificación de archivos del 23F
La desclasificación de los documentos secretos del golpe de Estado del 23F se adelantará a la prometida ley de información clasificada aprobada por el Gobierno el 22 de julio y que prevé el levantamiento de los archivos oficiales que están bajo llave desde hace 45 años o más.
El Consejo de Ministros desclasificará este martes la información reservada sobre el 23F, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado.
La decisión se anticipa a la aprobación de la ley de información clasificada que pretende sustituir la ley franquista de secretos oficiales, en vigor desde 1968, y que se encuentra aún en plazo de enmiendas en el Congreso.
Durante su intervención el pasado 20 de noviembre en el acto de presentación de la serie ‘Anatomía de un instante’, sobre los hechos del 23F, Sánchez reconoció que no estaba siendo «sencillo» conformar la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante la ley.
Documentos reservados del franquismo y la Transición
La nueva norma prevé sacar a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición al permitir el acceso automático a información clasificada cuando transcurran unos determinados plazos.
Establece cuatro categorías de información clasificada –’alto secreto’, ‘secreto’, ‘confidencial’ y ‘restringido’– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.
El tiempo máximo de clasificación se prevé de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición.
La competencia para clasificar y desclasificar información corresponde en exclusiva del Consejo de Ministros —a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros— en el caso de ‘alto secreto’ y ‘secreto’ y de un número «tasado y reducido» de autoridades en las categorías de ‘confidencial’ y ‘restringido’.
La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.
Esta norma se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.
