La Consejera de Bienestar Social ha explicado los resultados de la reunión semanal con el Estado donde se trata el traslado de menores migrantes solicitantes de asilo
El Gobierno de Canarias ha comunicado en todo momento a la Fiscalía y a la Policía Nacional cualquier posible delito que se haya podido cometer en los centros de menores migrantes no acompañados, ha afirmado la consejera de Bienestar Social que se ha encarado a Vox y ha proclamado: «¿pedir perdón? ¿perdón de qué?».
La titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha dado esta respuesta en el pleno del Parlamento regional a la diputada de Vox Paula Jover, que le había pedido «actuación» ante unos «escándalos que no reconoce ni por los que pide perdón».
Paula Jover, que se quejó de que la Mesa del Parlamento excluyó del enunciado de su pregunta el término «menas» pese a que, ha dicho, lo admite la RAE y no es peyorativo, ha indicado que los dos centros de internamiento de menores extranjeros que ha visitado Vox están clausurados por maltrato a los internos.
El acrónimo «menas» hace referencia a una «cruda realidad» que alude a los menores migrantes que sobreviven a la mortífera ruta atlántica y Vox, ha proseguido, es el único partido que demanda que regresen a su entorno, cultura y familias como corresponde al interés superior del menor y mientras tanto, ha continuado Jover, seguirá fiscalizando los más de 80 dispositivos donde se alojan en Canarias.
Expedientes disciplinarios
La realidad detrás de estos dispositivos, según ha afirmado la diputada, es «un auténtico escándalo» de oenegés que adquieren vehículos de alta gama y atentan contra la legalidad al impartir terapias de humo, esto es, que reparten tabaco a los menores migrantes.
Delgado ha precisado que el Gobierno autonómico informa a la Fiscalía de cualquier transgresión que suponga un delito y se abren los oportunos expedientes disciplinarios internos.
En esta labor de detectar posibles incumplimientos de la ley también participan agentes externos, como ACNUR y la Agencia Europea de Asilo, y si se detecta que alguna entidad realiza una transgresión se comunica directamente a la Fiscalía, que es la que debe actuar, ha subrayado Delgado
