Los cuatro patrones dirigían una embarcación con 222 personas a bordo, siendo interceptada tras 10 días de navegación
Una pena acumulada de 60 años de cárcel. Es lo que pide la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para los cuatro presuntos patrones de un cayuco que llegó a las costas del archipiélago, en el que fallecieron unas veinte personas.
La Fiscalía alega que los cuatro acusados, que actualmente están privados de libertad, planificaron la travesía junto con otras personas no identificadas. Habrían llegado a cobrar en origen hasta 800.000 francos africanos a cada uno de los ocupantes, lo que equivaldría a unos 1.200 euros por persona.
El escrito de acusación establece que el cayuco salió de la costa africana con un total de 222 personas. Después de 10 días de navegación, Salvamento Marítimo interceptó la embarcación. Finalmente fueron 205 personas las que llegaron a buen puerto. Un menor falleció por un edema agudo de pulmón, y otra persona sufrió una encefalopatía severa, llegando a estar ingresada en el HUC.
Sin medidas de seguridad
La Fiscalía denuncia que el cayuco carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar. Además, el espacio era mínimo para realizar una travesía con 222 ocupantes.
No se disponía de chalecos salvavidas para las personas a bordo. Debido al elevado número de gente que iba a los lados, existía riesgo de naufragio por volcado, al igual que riesgo de colisión y abordaje al carecer de iluminación.
Los cuatro patrones habrían amenazado a los ocupantes con que no testificasen en su contra al llegar a la costa canaria. Durante la travesía también se habrían desecho de los cadáveres de los pasajeros que iban pereciendo, entre 15 y 20 personas, arrojando los cuerpos al océano.
La Fiscalía cree que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros dos delitos de lesiones por imprudencia grave. También se solicita una indemnización para dos migrantes heridos y 150.000 euros para el hermano del menor fallecido.
