En un comunicado, Sebastián Franquis, y aprobando medidas que pueden vulnerar los derechos fundamentales de los niños y niñas no acompañados”
El portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este viernes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de “cruzar todos los límites utilizando los derechos fundamentales de los niños y niñas migrantes que llegan a las islas», con la aprobación del protocolo de acogida que ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En un comunicado, Sebastián Franquis, ha indicado que Fernando Clavijo, «ha ido demasiado lejos con este protocolo, incumpliendo la legalidad y aprobando medidas que pueden vulnerar los derechos fundamentales de los niños y niñas no acompañados que llegan a nuestras islas”.
Franquis señala que la decisión del TSJC es un “claro suspenso” a la política migratoria de Clavijo
Para Franquis, la decisión del TSJC es un “claro suspenso” a la política migratoria de Clavijo y de su gobierno y ha añadido que, «en su estrategia de siempre del enredo y la bronca permanente, Clavijo ha cruzado todos los límites, sólo ve presión donde hay legalidad. El verdadero problema es que se cree que él es Canarias y que él es la ley”.
“El TSJC confirma el nulo interés de Clavijo por atender a los niños y niñas y resolver el problema, sino de continuar con la crispación”, ha añadido Franquis, quien ha pedido al presidente de Canarias “que vuelva a la política útil, la que sirve para mejorar la vida de la ciudadanía”.
Un protocolo «sin consenso y unilateral»
El portavoz socialista indica que el protocolo fue una decisión “unilateral” y sin consenso del Gobierno de Canarias, que no trasladó ninguna información sobre el contenido de dicho documento al Gobierno de España».
Por lo tanto, ha proseguido Sebastián Franquis, «ahora ha sido suspendido por la justicia y quien tiene la responsabilidad de explicar lo que ha hecho es el Gobierno de Canarias”.
Franquis destacó que desde el PSOE continuarán trabajando y “tendiendo la mano” como hizo al Gobierno de Canarias para negociar y avanzar en la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería.
