Así lo han puesto este jueves de manifiesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado
El Gobierno de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han hablado del decreto ley que aglutina las medidas de control contra la propagación de la Covid-19 en las islas. Mantienen la ratificación judicial a las diferentes medidas que sean necesarias aplicar desde el punto de vista sanitario.
Así lo han puesto de manifiesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, tras reunión.
En este sentido, al ser cuestionado por las veces en que la Justicia no respaldó algunas de las medidas del Ejecutivo, Torres recordó que una vez decaído el Estado de Alarma, hubo que tomar decisiones que tenían que ser ratificadas por la Justicia.
«El Decreto Ley de Medidas Sanitarias recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias irá a Pleno y también mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia».
El presidente regional apuntó que en los últimos meses ha habido medidas que no fueron ratificadas por el TSJC y otras que sí lo fueron. Por ejemplo el número máximo de personas en grupo. «Y justamente eso es la separación de poderes», matizó.
Asimismo, hizo especial hincapié en que siempre ha acatado las decisiones judiciales independientemente de que haya podido estar de acuerdo con las mismas. TSJC y Gobierno de Canarias caminan «de la mano» para preservar la salud de los isleños.
El ordenamiento jurídico ha funcionado en una situación inédita
Desde el TSJC, su presidente suscribió las palabras de Torres y añadió que en la situación «inédita» que ha producido la pandemia el ordenamiento jurídico «ha funcionado».
«Estamos en un Estado de Derecho con sus controles, sus poderes y sus garantías. En definitiva, los poderes se han limitado a la labor que constitucionalmente tienen asignada», aseveró.
Lorenzo Bragado comentó que el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias contempla una remisión de las normas. Revisión sobre la ratificación de las medidas de control por parte de los tribunales de lo contencioso-administrativo.
«Y que no le quepa duda a ningún ciudadano de que si algún tribunal, si así lo estima oportuno, planteará la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad», observó.
