Los agentes interceptan una embarcación no autorizada que utilizaba artes de pesca prohibidas en la Reserva Marina
La Guardia Civil y el Servicio de la Reserva Marina intervinieron ayer 230 kilogramos de pescado capturado ilegalmente en La Graciosa. Los agentes interceptaron a un pescador profesional que faenaba sin permiso y empleaba artes prohibidas dentro del espacio protegido.
El destacamento marítimo detectó una embarcación de lista tercera fuera del censo de buques autorizados para esta zona protegida. El implicado navegaba durante la noche con las luces apagadas para ocultar su actividad a las patrullas de vigilancia. Por consiguiente, los agentes procedieron a la interceptación inmediata del barco tras confirmar la infracción de la normativa.
Las investigaciones determinaron que el pescador dejaba las artes de pesca fondeadas durante varios días en el interior de la reserva. Posteriormente, el profesional regresaba al lugar de forma sigilosa para recoger las capturas acumuladas en las trampas. No obstante, el seguimiento coordinado entre los servicios de vigilancia permitió localizar el punto exacto de la actividad ilegal.
Los agentes hallaron 230 kilos de pescado capturado mediante el uso de nasas, una modalidad totalmente prohibida en este espacio. Esta práctica vulnera gravemente la Ley de Pesca de Canarias y los preceptos específicos de la gestión de la reserva. Por este motivo, la Guardia Civil incautó la totalidad de la mercancía y las artes de trampa prohibidas.
Restricciones en la Reserva
La normativa vigente exige una autorización expresa para ejercer cualquier tipo de pesca en las aguas protegidas de La Graciosa. El uso de nasas está vetado porque la pesca profesional solo permite artes tradicionales muy concretas dirigidas a especies específicas. Además, las autoridades limitan estrictamente las modalidades permitidas para garantizar la regeneración de los recursos marinos.
El pescador calaba las trampas en zonas sensibles como Playa Lambra y Punta La Sonsa, ambas áreas de especial protección. En estas ubicaciones, la ley prohíbe cualquier actividad que ponga en riesgo el equilibrio del ecosistema mediante artes no selectivas. Por tanto, los agentes formularon varias denuncias administrativas contra el profesional por estos graves incumplimientos.
La pesca recreativa también afronta limitaciones severas y se restringe únicamente al uso de caña, cordel o curricán bajo permiso. Cualquier otra modalidad de captura supone una infracción de la ley autonómica que regula el ámbito de la pesca canaria. En consecuencia, la vigilancia constante asegura que tanto profesionales como aficionados respeten los límites establecidos.
Sanciones y trámites
La Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias tramitará ahora la denuncia remitida por la Guardia Civil tras la intervención. El responsable podría enfrentar multas económicas que oscilan entre los 301 y los 300.000 euros según la gravedad. Asimismo, la normativa contempla la posible retirada de la licencia de pesca profesional como sanción adicional por estos hechos.
La Secretaría General de Pesca y el Gobierno de Canarias comparten la gestión de este espacio para frenar el furtivismo. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar estas conductas mediante los canales oficiales de atención al ciudadano disponibles. De igual modo, la colaboración entre instituciones resulta clave para proteger el patrimonio natural de las islas.
Este operativo refuerza el control sobre las actividades extractivas ilegales que amenazan la sostenibilidad de las reservas marinas en el archipiélago. La Guardia Civil mantiene dispositivos de vigilancia permanentes para detectar embarcaciones sospechosas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Finalmente, el pescado intervenido ha quedado a disposición de las autoridades competentes tras el pesaje oficial.
