El magistrado considera que existen «sólidos indicios de criminalidad» contra un empresario y abre la puerta a la solicitud de apertura de juicio oral
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde ha acordado continuar la tramitación de una causa contra un empresario de El Hierro al apreciar indicios de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo insular, María del Mar Suárez Armas.
En un auto dictado el pasado 3 de junio y hecho público este lunes, el juez Antonio Mazuecos sostiene que existen «sólidos indicios de criminalidad» y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
El origen de la documentación
Según recoge la resolución, la consejera aportó un informe médico a un procedimiento judicial previo. Esta informe estaría vinculado a una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias. El documento formaba parte de la documentación presentada en ese proceso.
Posteriormente, el investigado recibió copia de dicho informe y lo incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro. En ella, reclamaba la dimisión de la responsable insular.
El auto sostiene de forma indiciaria que el empresario presentó esa documentación ante la administración insular, «dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante».
Posible acceso de empleados públicos a la información
El juzgado señala que la información médica contenida en el informe no era conocida en el entorno laboral de la consejera. Su difusión le habría ocasionado un «enorme perjuicio personal y laboral».
Durante la fase de investigación declararon tanto la denunciante como varios trabajadores del Cabildo que tuvieron conocimiento de la existencia del informe médico incorporado al expediente administrativo.
Según expone el magistrado, entre nueve y quince empleados públicos pudieron tener acceso potencial a esa documentación. Varias de esas personas desconocían previamente las patologías reflejadas en el informe.
Diligencias tecnológicas y posible revelación de secretos
La investigación incluyó además diversas diligencias tecnológicas dirigidas a determinar el origen del registro electrónico utilizado para remitir la documentación.
De acuerdo con el auto, la solicitud fue presentada desde una dirección IP asociada al investigado. Esta circunstancia, según el juez, refuerza su vinculación con los hechos objeto de investigación.
En sus conclusiones provisionales, el magistrado considera que existen indicios racionales de que el empresario obtuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud de la perjudicada. También, que posteriormente los comunicó o difundió a terceros sin autorización, facilitando así el acceso de distintas personas a información perteneciente a su intimidad personal.
A la vista de los hechos investigados, el juez ha acordado continuar la tramitación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 197, apartados 2, 3 y 5 del Código Penal. La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida ante el propio juzgado.
