La fiscalía anticorrupción se opone al traslado del procedimiento a la Audiencia Nacional
La Audiencia de Las Palmas se pronunciará mediante un auto después de Navidades. Aclarará si se encargará de juzgar el llamado ‘caso Kokorev’, o si será trasladada esta responsabilidad a la Audiencia Nacional. Así lo ha anunciado el magistrado presidente del tribunal, Emilio Moya.
Durante la exposición de las cuestiones previas, quedaron claras las posturas encontradas entre las distintas defensas. Vladimir Kororev y su mujer Julia Maleeva piden que el caso sea juzgado en Madrid por la Audiencia Nacional. El resto de la defensas, incluido el hijo de Kokorev, defienden ser juzgados en Las Palmas de Gran Canaria.
El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, y la acusación particular, defienden que la red de empresas creada tenía su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Por ello consideran que es competencia de su Audiencia territorial.
En la causa figuran también otros tres procesados. El abogado Juan Arencibia, al que las acusaciones consideran el artífice de las 45 sociedades que supuestamente creó la familia Kokorev en Las Palmas para blanquear dinero, y dos de las hermanas de este letrado, que actuaron presuntamente como testaferros, si bien sus defensas no se han pronunciado sobre el traslado de la causa.
Las dos acusaciones reclaman condenas de entre ocho y cinco años de cárcel para los acusados por delitos de blanqueo de capitales y multas de hasta 240 millones de euros, en el caso de Vladimir Kokorev. Le atribuyen haber generado una riqueza ilícita de, al menos, 120 millones de euros, entre los años 1999 y 2014, procedente del comercio ilícito de material militar de defensa y doble uso que vendió a Guinea Ecuatorial.
