La CIDH sostiene que durante periodo electoral de 2013 «el aparato del Estado» impidió que Henrique Capriles ganara los comicios
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos, la libertad de expresión y la protección judicial del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013. Esto permitió el «uso del aparato del Estado para favorecer» al presidente Nicolás Maduro.
El tribunal con sede en Costa Rica concluyó que las actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela «constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigidas a favorecer al candidato oficialista», Nicolás Maduro. Además desvelaron la «falta garantía de la existencia de medios adecuados de impugnación y de transparencia en el proceso».
Un contexto complejo
Capriles y Maduro compitieron por la Presidencia venezolana en unas elecciones celebradas el 14 de abril de 2013, precedidas por la muerte de Hugo Chávez, un mes antes. De acuerdo a los los resultados anunciados por el organismo electoral, Capriles, que representaba a la Mesa de Unidad Democrática, obtuvo el 49,12% de los votos frente al 50,61% de Maduro, que se había inscrito como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a ejercer de «presidente encargado de la República» en ausencia de Chávez.
Cabe recordar que un dictamen del TSJ lo habilitó días antes para presentarse a las presidenciales y estableció que no debía separarse del cargo para competir en la elección, en contra de la legislación venezolana del momento.
La CIDH ha recordado que los comicios se celebraron «en un contexto de progresivo deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia».
Medios para favorecer a Maduro
Además, durante la campaña se emplearon «medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro».
La Corte ha lamentado que las actuaciones del Estado fueron «de tal magnitud» que afectaron la «integridad del proceso electoral y los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley de» Capriles.
Asimismo, constituyeron «un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección».
Todo ello, han concluido los magistrados del tribunal, «afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes».
