La reformulación a la que parece verse abocado el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, tras su anulación por parte del Tribunal Constitucional, puede hacer mermar los 16,7 millones que ingresan los ayuntamientos de las dos capitales canarias por este concepto
Entre diez y once millones, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, y 5,7 en el de Santa Cruz de Tenerife, son los montantes que ambas administraciones locales perciben por la recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha recordado este miércoles, al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa, que este ayuntamiento ya había empezado a «descontar» en sus cuentas las previsiones de ingresos por este impuesto ante sentencias anteriores, de 2017 y 2019, que afectaban a su recaudación.
Además, Hidalgo ha insistido en que aún no hay nada decidido de forma definitiva sobre la plusvalía municipal, dado que tanto el Ministerio de Hacienda como los ayuntamientos, representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aguardarán a que el alto tribunal haga pública su sentencia para reformular dicho sistema.
De hecho, este mismo miércoles el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha estimado que «se vuelve muy urgente la reforma de la Ley» para no privar a las administraciones locales «de una fuente sustancial de ingresos».
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han apuntado que lo que viene a añadir la sentencia del Tribunal Constitucional, en un contexto ya de por sí incierto, como es el del poscoronavirus, es «incertidumbre» a unas administraciones locales que se encuentran diseñando o tramitando los presupuestos para el próximo ejercicio 2022.
