Archivo de tres diligencias de investigaciones desde 2020 sobre el rey Juan Carlos lo que motivó la salida de España del rey emérito
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Esas dos circunstancias, unidas a la «insuficiencia de indicios incriminatorios» en otros casos y a las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito, han conducido al cierre de las investigaciones en dos decretos firmados este martes por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y difundidos por la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía destaca que, pese a no haber podido dirigirse penalmente contra Juan Carlos I, su actuación «ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas» correspondientes a «las cuotas tributarias adeudadas» por el rey emérito.
El ministerio público llegó a abrir tres diligencias de investigación a Juan Carlos I, lo que motivó su salida de España en agosto de 2020. La decisión de este martes podría motivar su regreso.
Las investigaciones han girado en torno al presunto cobro de 65 millones de euros por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), sobre si recibió donaciones no declaradas y sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales.
Fraude a Hacienda, prescrito
Pese al archivo de las investigaciones, la Fiscalía ha identificado cuotas defraudadas a Hacienda en el IRPF de los ejercicios 2008 y 2012 «que superan con creces» el «umbral del delito», ubicado en los 120.000 euros.
Sin embargo, también constata que no existiría responsabilidad penal hasta el año 2011 al estar prescrito el delito y que, en el 2012, Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.
Según la Fiscalía, la investigación no ha podido esclarecer «vinculación alguna» entre el ingreso de 64,8 millones de euros y la adjudicación del AVE a La Meca ni que ese pago esté relacionado con comisiones, sino que «se trataría» de un «regalo» «en consideración» a su condición de jefe de Estado, lo que, por tanto, podría integrar el delito de cohecho, que estaría «claramente prescrito».
Luzón también ha analizado un posible blanqueo a través de las operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2012 por orden de Juan Carlos I tras recibir esos 64 millones en la cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario, «partiendo de la posible naturaleza delictiva» existente en aceptar ese dinero, actuaciones que habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad.
No hay contraprestación en transferencias de empresario mexicano
La Fiscalía no tiene constancia de que hubiese contraprestación en las transferencias por 516.606 euros que, entre 2016 y 2019, hizo el empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause al coronel del Ejército de Aire y antiguo ayudante del rey emérito Nicolás Murga Mendoza, de las que Juan Carlos I se habría beneficiado.
Serían, según el fiscal, donaciones, y el 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos de Borbón, en su primera regularización, declaró más de 556.412 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
La Fundación Zagatka
Pese a que la Fiscalía no ha podido establecer con precisión «la procedencia y cuantía» de los fondos de las cuentas de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orleans, ni los gastos y pagos que realizó, la información bancaria recibida de Suiza «permiten establecer» que entre 2014 y 2018 esta fundación abonó «cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento» del rey emérito, sus familiares y allegados.
De nuevo, menciona las regularizaciones realizadas en febrero de 2021, sin requerimiento de la Agencia Tributaria, con un ingreso de 4,4 millones de euros.
La Fiscalía añade que en esas declaraciones complementarias no hay ningún elemento regularizado relacionado con la compra de armas de fuego, aunque en una cuenta de Zagatza hay un cargo de 102.000 por la adquisición de tres armas y una factura a nombre del propio Álvaro de Orleans, que se las «regaló» al rey emérito.
Una donación que, de nuevo, queda sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con una cuota tributaria inferior a los 120.000 euros que determinarían el delito, explica el decreto.
El «trust» en Jersey
La última investigación se abrió en diciembre de 2020 a raíz del hallazgo por parte del SEPBLAC de un «trust» denominado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey que no identificaba y con indicios de que el propietario último de los fondos podría ser el rey emérito.
La Fiscalía ha concluido que entre 2004 y 2021 no existe indicio que permita vincular el «trust» con Juan Carlos de Borbón.
Esto es así porque -según la investigación- nunca ha tenido la condición de beneficiario ni consta que haya percibido cantidad de sus cuentas. En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación, y la consiguiente pérdida de la inviolabilidad, las disposiciones de ese «trust» no han alcanzado la cuota correspondiente a un delito contra Hacienda, además de que no consta que fueran entregados a un contribuyente español.
Según la información recibida de Jersey, ese «trust» fue creado por Romero Maura con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros, fruto de la liquidación de otros dos instrumentos similares -Tartessos Trust y Hereu Trust- creados en los años 90 por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal.
Desconocimiento del origen de los fondos
Ante la ausencia de documentación sobre ellos, la Fiscalía desconoce el origen de los fondos con que fueron creados. Sin embargo, su finalidad era apoyar al entonces rey Juan Carlos en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario.
Juan Carlos de Borbón liquidó los «trust» en 2004 y traspasó sus fondos a Joaquín Romero Maura, que ha tenido su dominio.
En las distintas modificaciones que experimentó el acuerdo fundacional del JRM 2004 Trust, los beneficiarios fueron el propio fundador del «trust», su esposa y tres organizaciones benéficas sin vinculación alguna al rey emérito, quien nunca tuvo la condición de beneficiario, como tampoco la tuvo ninguna persona de su entorno.
Validez de las regularizaciones
La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales efectuadas por Juan Carlos I a lo largo de la investigación al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).
En este último punto, el fiscal afirma que en los decretos que dieron inicio a las investigaciones y en las notificaciones al rey emérito no se hizo referencia a los hechos «a los que se contraen» las respectivas declaraciones tributarias, principalmente porque la Fiscalía entonces no tenía constancia «del incumplimiento de las obligaciones tributarias».
