Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo el 32 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de refuerzo
Alemania, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y otros países del norte global «están cometiendo discriminación», señala el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que ha pedido a estos países que renuncien a los derechos de propiedad intelectual sobre las protecciones, vacunas, tratamientos o tecnologías sanitarias contra la pandemia de COVID-19 para respetar plenamente los Derechos Humanos.
En una decisión adoptada este miércoles en el marco de sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que la COVID-19 sigue siendo «un grave problema de salud pública con efectos negativos devastadores», que están recayendo de forma desproporcionada en personas y grupos vulnerables a la discriminación racial, en particular las personas de ascendencia africana o asiática, las minorías étnicas, las comunidades romaníes y los pueblos indígenas.
Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo el 32 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de refuerzo o adicional de la vacuna. Sin embargo, en países en desarrollo como Gabón, Papúa Nueva Guinea, Burundi y Madagascar, la proporción es inferior al 1 por ciento.
Afirmación de la ONU
El Comité ha añadido que la persistente negativa a aceptar una exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) suscita preocupación en relación con las obligaciones de los Estados parte en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la obligación de garantizar la no discriminación.
Asimismo, insta a los Estados Parte a dar prioridad a los problemas de derechos humanos y a incorporar garantías estrictas de Derechos Humanos, incluido un mecanismo que comprometa a los gobiernos a suspender los derechos de propiedad intelectual en una crisis sanitaria. Ese mecanismo debería estar recogido en el proyecto de acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias que se está negociando actualmente en la OMS.
