La OSCE afirma que España está haciendo un gran trabajo respecto a esto, también enfrenta «desafíos» en algunas tendencias emergentes de este delito
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) insta a España a incluir a más actores en la detección de víctimas de trata de personas entre los migrantes, más allá de las fuerzas de seguridad, como las ONG o personal del Ministerio de Migraciones o el de Trabajo. Así lo ha señalado, la representante especial y coordinadora de la OSCE para lucha contra la trata de personas, Kari Johnstone, tras su reciente visita a España.
A modo de balance, Johnstone afirmó que España «está haciendo un gran trabajo» en muchos ámbitos de la lucha contra la trata, como el uso de tecnología puntera para la investigación. Pero, también enfrenta «desafíos» en algunas tendencias emergentes de este delito, considerado la esclavitud del siglo XXI, como la identificación de víctimas en las rutas migratorias o en el entorno digital.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Como uno de los aspectos a mejorar, la experta llamó la atención sobre el hecho de que en España sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las únicas encargadas de identificar oficialmente a las víctimas de trata.
Algo que, en el caso de la población migrante, puede ser problemático para la detección, porque se trata de la misma autoridad encargada de perseguir la inmigración irregular, lo que en muchos casos desincentiva a las víctimas a la hora de denunciar crímenes de trata por el riesgo a ser expulsados.
Por ello, la OSCE aboga por el denominado «camino social», que incluiría en este trabajo de identificación a las ONG y a personal de otros ministerios, como el de Trabajo o el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más atención a migrantes, solicitantes de asilo y menores
Johnstone se reunió los pasados 11 y 14 de febrero con, entre otros actores, representantes de los Ministerios de Exteriores, Interior e Igualdad, de la Organización Internacional para las Migraciones y unidades especializadas de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Johnstone explicó entre sus conclusiones que, de la misma forma que España ha dedicado muchos esfuerzos en combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la OSCE espera poder ver en el futuro más víctimas identificadas entre migrantes, solicitantes de asilo y menores de edad.
También más víctimas nacionales, que «podrían estar cayendo en el olvido porque hay un mayor énfasis en la búsqueda de ciudadanos extranjeros», ha apuntado la experta. Identifica que España tiene un desafío especial en el caso de los flujos migratorios que llegan desde el norte de África, donde la población es «altamente vulnerable».
El modelo de atención integral Barnahaus
En el caso de los niños, Johnstone destacó como buena práctica el modelo de atención integral Barnahaus, implementado en Tarragona. Este permite que el menor sea atendido por diferentes actores (psicólogos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales…) en un mismo entorno, amigable para la infancia, lo que ha permitido identificar un 30 % más de casos.
Pero considera que se podría hacer algo más en el terreno digital, especialmente en cuanto a la verificación de edad, ya que en este ámbito está creciendo no solo la captación de víctimas sino la propia explotación sexual online.
La OSCE apremia a España a aprobar la ley contra la trata
Tras su visita a España, Johnstone apremia al Gobierno a aprobar la ley integral contra la trata, que ya se impulsó la legislatura pasada pero su tramitación decayó por la convocatoria de elecciones y se ha retomado ahora nuevo.
En su opinión, esta es una buena oportunidad para incluir la aproximación social a los procesos de identificación de víctimas y abordar todos los tipos de trata de personas, incluida la que tiene como fin la explotación laboral, que actualmente no está específicamente definida en el Código Penal. Y para mejorar algunos aspectos de la investigación judicial y reducir la revictimización, evitando que el afectado tenga que declarar hasta en cuatro ocasiones en un procedimiento.
Como aspectos positivos, Johnstone destacó que España es «muy proactiva» en la innovación de técnicas especiales de investigación, como el uso de la inteligencia artificial. Y destaca la gran especialización de las divisiones de delitos cibernéticos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil a la hora de rastrear transacciones en la ‘internet profunda’, pagos con criptomonedas y documentos de identidad falsos, así como la colaboración con otros países en esta materia.
