El real decreto ley permitirá a las comunidades autónomas incorporar nuevos sectores a las ayudas directas en función de la afección de la pandemia en sus territorios
También se habilita a las comunidades autónomas a conceder ayudas directas a empresas que tuvieron pérdidas en 2019 por circunstancias excepcionales, como ocurrió en Baleares y Canarias por la quiebra de Thomas Cook
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley por el que se permitirá aplazar dos años las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, como las derivadas del reintegro de ayudas o de préstamos.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que con esta medida se quiere «agilizar» los aplazamientos para «garantizar la liquidez y solvencia de las empresas», como ya se hizo con las deudas tributarias y aduaneras.
Esta nueva medida afecta a las deudas derivadas del reintegro o desembolso de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado (AGE) y distribuidas en las comunidades autónomas, así como a deudas cuya gestión corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda, a las que se habilita para conceder los periodos de carencia.
Este nuevo mecanismo -que podrá solicitarse en los ejercicios 2021 y 2022 con independencia del periodo al que se refiera– permitirá aplazar las deudas un máximo de dos años desde su vencimiento y, una vez cumplido este plazo, fraccionar el pago a lo largo de otros dos años.
AYUDAS DIRECTAS
El real decreto ley también incluye una modificación para permitir a las comunidades y ciudades autónomas incorporar nuevos sectores a los beneficiarios de ayudas directas a empresas solventes en función de la afección de la pandemia en sus territorios.
Esta posibilidad se incluye en los convenios que tienen que firmar las comunidades autónomas, algo que ya han hecho Extremadura y Castilla-La Mancha, por lo que una vez que la propia Montero los firme y se publiquen en el BOE se les transferirá el dinero y podrán sacar sus convocatorias de ayuda.
Montero ha explicado que «cada comunidad autónoma tiene características específicas» que requieren una respuesta personalizada, como ocurre con los sectores del vino o el calzado en algunos territorios.
Esta flexibilidad supondrá que si, por ejemplo, un sector no cumple los criterios de trabajadores en ERTE para ser beneficiario de ayudas a nivel nacional pero sí en una comunidad autónoma, esta región podrá permitirle acceder a las ayudas.
Se trata, en definitiva, de adoptar medidas específicas para empresas o sectores que cumplan los criterios generales de caída de ingresos, ha resumido la ministra.
Asimismo, también se habilita a ciudades y comunidades autónomas a conceder ayudas directas a empresas viables que tuvieron pérdidas en 2019 por circunstancias excepcionales, como ocurrió en Baleares y Canarias por la quiebra del grupo Thomas Cook.
Hacienda ha remitido los convenios a todas las comunidades autónomas y, una vez firmados, se transferirán los recursos en un plazo máximo de 10 días.
Montero ha descartado que alguna comunidad autónoma se niegue a firmar el convenio, algo que vería «escandaloso» y que llevaría al Gobierno a actuar para no dejar «ninguna empresa atrás».
