La presidenta del Cabildo de Fuerteventura liderará el órgano interinsular durante 2026, exigiendo la reversión al sistema público de las torres de control y flexibilidad para la pesca artesanal
En el marco de la feria turística Fitur 2026, Lola García ha asumido este jueves, 22 de enero, la presidencia de la Federación Canaria de Islas (FECAI). Durante el acto de toma de posesión, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura ha realizado un llamamiento a la unidad de acción entre las corporaciones insulares para abordar los problemas urgentes del Archipiélago. García ha situado el crecimiento poblacional y el reto demográfico como los desafíos centrales de su mandato, vinculándolos directamente con la sostenibilidad de los servicios públicos.
La nueva presidenta ha subrayado que la presión demográfica impacta de forma severa en el acceso a la vivienda, el suministro de agua y la movilidad. Según García, «regular el crecimiento poblacional no es cerrar puertas, es planificar para poder garantizar servicios esenciales». En su discurso inicial, ha defendido la necesidad de proteger el territorio canario como elemento diferenciador y se ha comprometido a trabajar para «proteger lo que somos» frente a un desarrollo desmedido.
Frente común por la gestión pública del tráfico aéreo
Uno de los acuerdos de mayor peso alcanzado en esta sesión de la FECAI ha sido el pronunciamiento unánime sobre el control del tráfico aéreo en las islas. Los cabildos exigen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que suspenda de forma cautelar la acreditación de la entidad privada SAERCO en los aeropuertos de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. La federación solicita que la empresa pública ENAIRE asuma de forma transitoria la gestión de estas torres de control para garantizar la seguridad y los derechos laborales.
Esta petición respalda la solicitud de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), motivada por el reconocimiento de la propia empresa ante la justicia de que no puede asegurar el servicio con plenas garantías. Los cabildos recuerdan que esta situación ya ha provocado reducciones de horario en el Aeropuerto de El Hierro, lo que ha generado una honda preocupación social. La FECAI demanda que el servicio recupere la fiabilidad normativa mediante su reversión total al sistema público.
Seguridad operativa y fin del sistema AFIS
Vinculado a la conectividad, las islas de El Hierro y La Gomera han liderado una reclamación específica: la sustitución inmediata del sistema AFIS por controladores aéreos profesionales. Este sistema de información de vuelo, implementado por Aena, limita la capacidad operativa de los aeropuertos menores. Los cabildos defienden que contar con profesionales en torre reforzaría la seguridad en los despegues y aterrizajes y elevaría la calidad del servicio al usuario.
La implementación de controladores permitiría, además, reducir el número de vuelos cancelados por condiciones meteorológicas. Al recibir guía directa desde la torre, los pilotos ganarían operatividad en condiciones adversas, lo que se traduciría en una mayor conectividad y estabilidad para los residentes de las islas no capitalinas, que dependen críticamente del transporte aéreo para sus desplazamientos diarios.
Protección a la pesca artesanal frente a Bruselas
Finalmente, la FECAI ha cerrado filas con el sector primario al respaldar la defensa de la pesca artesanal frente al nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea. Los cabildos consideran que la normativa actual aplica criterios «rígidos y desproporcionados» que ignoran la realidad de la flota canaria. Entre las medidas que consideran inasumibles destaca la obligación de dar un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas, incluso cuando las embarcaciones faenan a escasos minutos de la costa.
La federación critica también la exigencia de declarar capturas desde el «kilogramo cero» mediante diarios electrónicos, una tarea que los pescadores no pueden realizar técnicamente en barcos de pequeña escala. Por ello, la FECAI insta al Ministerio de Agricultura a defender ante la Comisión Europea las flexibilidades para las regiones ultraperiféricas. El objetivo es lograr una exención o adaptación de los aspectos más lesivos para evitar sanciones injustas y garantizar la supervivencia de la flota de bajura en las islas.
