Buena parte de esos concursos de acreedores se corresponden en el primer trimestre del año a «personas naturales no empresarias»
Los órganos judiciales de Canarias registraron durante el primer trimestre de 2023 un total de 544 demandas de concurso de acreedores, un 151,9 % más que en el mismo periodo de 2022, según datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 75,4 %. En el caso de la Comunidad de Murcia» fue del 214,9 %.
Los datos apuntan a que, entre enero y marzo del presente año, Canarias fue la segunda comunidad en volumen de concursos por cada 100.000 habitantes: 24,6, cifra sólo superada por Cataluña (29,6). La tercera fue la Comunidad de Murcia (23,1).
El segmento donde más estragos causó la crisis económica en el pasado invierno en las islas fue el de las “personas naturales no empresarias”.
Si entre enero y marzo de 2022 en este ámbito se habían registrado 81 presentaciones de declaración de concurso, en el mismo periodo de este año la cifra se elevó a 493, un 608 %.
Esto implica una tasa de 22,3 concursos de esta índole por cada 100.000 habitantes, la más alta de España, por delante de Murcia (19,7) y de Cataluña (19,1).
Procedimientos por despido
En cuanto a los procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en el primer trimestre de 2023 un total de 2.532, un 21,8 % más que en el mismo periodo de 2022 (2.078).
Este dato implica que, como ya sucediera en el análisis sobre todo el año 2022, la tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes en las islas fue de 114,4, la más alta del país, por delante de Murcia (88,0) y de Madrid (83,8).
Los únicos datos que arrojan balances relativamente positivos para las islas gravitan en torno a las ejecuciones hipotecarias, que en datos generales se redujeron un 74,5 %, pasando de 149 en el primer trimestre de 2022 a 38 en el pasado invierno.
En lo que se refiere a lanzamientos derivados de esas ejecuciones, entre enero y marzo de este año hubo 366, un 45,9% menos que en el mismo periodo de 2022.
