La derivación forma parte del proceso ordenado por el Tribunal Supremo para integrar a un millar de jóvenes en el sistema estatal de acogida
Un grupo de 20 menores migrantes no acompañados viajará este domingo desde Canarias hacia la Península. Todos son solicitantes de asilo y varones, según confirmó la Consejería de Bienestar Social. El traslado supone la sexta derivación realizada en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo.
Durante la semana ya se habían producido movimientos previos. Dos chicas migrantes fueron enviadas a centros peninsulares, y la operación continúa con un calendario marcado por el Gobierno central y el Ejecutivo canario.
Un millar de jóvenes con derecho a asilo
Las entrevistas del Ministerio del Interior han elevado la cifra inicial de solicitantes de asilo a más de un millar de menores. La mayoría aún permanece en las islas. De ellos, 164 jóvenes se encuentran en el antiguo acuartelamiento Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. Otros 32 ya habían salido a la Península y 40 cumplieron recientemente la mayoría de edad.
Con los nuevos desplazamientos, 256 menores han pasado de estar tutelados por la Comunidad Autónoma a depender del Estado. El objetivo es integrarlos en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, tal y como ordenó el Tribunal Supremo.
Un mandato judicial
El alto tribunal instó al Gobierno de España a asumir a mil menores solicitantes de asilo que permanecían bajo tutela de Canarias. El requerimiento se emitió en marzo, dentro de un procedimiento contencioso-administrativo.
El Archipiélago soporta desde hace años una fuerte presión migratoria. Actualmente tutela a 5.017 menores no acompañados, distribuidos en 85 centros creados de forma urgente para dar respuesta a la llegada de niños y adolescentes.
Una situación compleja
El millar de solicitantes de asilo representa una parte significativa del total, y su traslado a la Península busca aliviar la carga que soporta Canarias. Sin embargo, el proceso avanza despacio, con traslados en grupos pequeños.
La Consejería de Bienestar Social insiste en que la cooperación entre administraciones resulta clave para garantizar la protección de los jóvenes y el cumplimiento de la ley.
