Recogen más de 2.100 firmas para la Ley de Volcanes

La iniciativa de una Ley de Volcanes ya tiene 2.100 firmas y los próximos días continuará la recogida de apoyos en Los Llanos de Aridane

Recogen más de 2.100 firmas para la Ley de Volcanes
Recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular de la Ley de Volcanes

La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de una ley frente a catástrofes volcánicas, conocida como Ley de Volcanes, ha recogido hasta el mediodía de este 22 de junio más de 2.100 firmas, tras contabilizarse otras 900 más en esta jornada, de las que 600 se han recabado en El Paso y unas 300 en Tazacorte.

Para lograr que esta propuesta se debata y se vote en el Parlamento de Canarias, son necesarias 15.000 firmas, por lo que, desde la comisión, se sigue trabajando para alcanzarlas.

Este viernes, 23 de junio, se ha instalado una mesa con los pliegos para las firmas en el centro comercial El Trocadero, en el casco urbano de Los Llanos de Aridane.

A partir del martes 27, el lugar de recogida de firmas será la sala de exposiciones del casino Aridane, también en el mismo municipio, de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas de martes a viernes, mientras que los sábados el horario será de 11 a 13 horas.

Apoyo interinsular

Está también previsto que se reúnan apoyos en otras islas, incluyendo municipios o comarcas con mayor riesgo volcánico, de lo cual dará oportuna información la comisión promotora en próximas notas de prensa sobre la ubicación de las mesas, días y horarios.

Esta ley de iniciativa popular pretende garantizar, también con carácter retroactivo para este caso, a la población afectada por erupciones una serie de derechos para una recuperación socioeconómica justa y razonablemente rápida, que ahora no están asegurados por existir un vacío legal y una legislación inadecuada.

Se persigue así garantizar por ley el derecho a poder volver al mismo lugar, dentro de lo posible, y a recibir compensaciones por el valor que tenían los bienes perdidos antes de la erupción, así como mantener la condición jurídica de afectado hasta que se logre de manera efectiva esa recuperación socioeconómica.

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