Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán aplicar la nueva tasa de basuras para sufragar la recogida, transporte y tratamiento de residuos
Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados desde este jueves a aplicar la nueva tasa de basuras, un tributo para sufragar la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que cada municipio puede implementar según sus propios criterios.
Algunos municipios españoles ya cuentan con tasas similares. Aunque, la novedad es que a partir de ahora es obligatoria, cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Esta ley transpone una directiva europea aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos. La UE exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, que deberá aumentar hasta el 65% en 2035.
Quien contamina, paga
El tributo ahora obligatorio está inspirado en el principio de que quien contamina, paga. Sin embargo, la normativa no establece los criterios para aplicarlo, por lo que cada Ayuntamiento puede determinar cómo calcular el importe.
Las cuantías que contemplan los municipios que ya aplican esta tasa son muy dispares entre unos y otros, pero la media estimada del coste anual ronda actualmente los 80 euros.
Según la Organización de Consumidores (OCU), algunos municipios establecen un importe fijo pero en la mayoría es variable y depende de criterios como el valor catastral, la calle, el número de personas empadronadas o el consumo de agua.
Tasas diferenciadas
También se contempla aplicar tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social, que tengan en cuenta los ingresos, la condición laboral, familiar o personal, o incluso la ubicación de la vivienda.
Tampoco hay un criterio fijo sobre los plazos que debe implementar cada ayuntamiento para cobrar el nuevo tributo. En Madrid, por ejemplo, se ha anunciado que los primeros recibos se enviarán a partir de julio.
Tasa polémica
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez-Sicluna, ha calificado la ley como una «regulación defectuosa», ya que genera diferencias entre unos ayuntamientos y otros.
La OCU ha pedido que el modelo sea cómodo para los usuarios, «que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos», y que sea justa, lo más individualizada posible.
