A través de esta tecnología, los internos continúan con su actividad delictiva en el exterior y ponen en riesgo la seguridad de los funcionarios
La cárcel supone la restricción parcial del usuario con el exterior. Las llamadas por teléfono están estrictamente reguladas, y los teléfonos móviles quedan prohibidos con rotundidad para los internos.
Sin embargo, hace unos días, las autoridades requisaron un teléfono móvil en la prisión de Lugo. Con él, dos hombres grabaron un vídeo y lo publicaron a las redes sociales.
Por otro lado, en el Centro Penitenciario Las Palmas II, los agentes confiscaron un microteléfono móvil, del tamaño de un mechero, en manos de los internos.
El portavoz Sindicato Funcionarios de Prisiones TAMPM, Gonzalo Legazpi, asegura que «generalmente, quienes compran o quienes introducen en la prisión este tipo de teléfonos móviles es para continuar la actividad delictiva en el exterior».
La actividad delictiva abarca desde el tráfico de drogas a delitos de violencia de género, ya que con estos pequeños teléfonos se han denunciado amenazas de agresores machistas desde dentro de las celdas.
Los vídeos incluyen grabaciones de peleas o consumación de drogas. A través de estos comportamientos, los reclusosdistorsionan la imagen de las familias en el exterior.
De este modo, con una media de 1 funcionario por cada 80 internos, los trabajadores de prisión piden más medios para evitar el uso de esta tecnología que amenaza a su seguridad y la de los propios internos.
