El protocolo de menores migrantes está en suspenso por orden de Tribunal Superior de Justicia de Canarias según informa el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional estudiará en su pleno de la próxima semana si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario. Actualmente este protocolo está suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según informa el Tribunal Constitucional.
El recurso de Moncloa se dirige contra el acuerdo del gobierno canario del 2 de septiembre, sobre los menores extranjeros no acompañados y contra la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
La corte de garantías analizará la admisibilidad a trámite de la impugnación de Moncloa en base a una ponencia redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
El Gobierno ya acordó en septiembre llevar este asunto ante la justicia
Según el ministro Ángel Víctor Torres, el 24 de septiembre el Gobierno acordó llevar al Tribunal Constitucional el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrirlo.
Torres apuntó a un conflicto de competencias porque aunque las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, «no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados».
Además, el Consejo de Estado señaló que «las dificultades en la identificación y determinación de edad» de estos inmigrantes, además de «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos para atenderlos no justifica el rechazo de la comunidad autónoma a recibir menores en su territorio ni demorar la atención que puedan necesitar».
Este asunto ya fue denunciado por la Fiscalía, ya que el pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia canario descartó levantar la suspensión cautelar del protocolo, rechazando así las alegaciones del Gobierno canario.
