La Federación de Asociaciones que incluye a la vivienda vacacional denuncia que medidas como el registro obligatorio suponen una «grave» invasión de las competencias autonómicas en materia de control de la actividad turística
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha advertido de la «grave» invasión competencial que supone la actuación del Gobierno central en el control de la actividad turística, dentro del marco del registro de la ventanilla única. Una materia que, según la entidad, compete «exclusivamente» a las comunidades autónomas.
Tal y como explica en un comunicado, el Estado no puede revocar títulos habilitantes autonómicos. Aseguran que tampoco transformar un censo voluntario como el Registro de la Propiedad en un registro obligatorio para viviendas turísticas.
Para la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco, el Gobierno está excediendo sus competencias. Señalan que están utilizando a los registradores, cuyo marco de actuación es la Ley Hipotecaria y no la gestión de la actividad turística, en un intento de «control fuera de lugar y de fundamento legal».

Criminaliza a los propietarios de VV
Además, la federación ha criticado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trasladando a la opinión pública una confusión entre irregularidad administrativa e ilegalidad. Esto, asegura, criminaliza a «miles de familias y pymes» sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley.
Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exigirá a las plataformas eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales para que pasen a alquileres constantes, Fevitur ha advertido sobre la peligrosidad del mensaje institucional de «incorporar viviendas al mercado residencial» mediante procedimientos discutibles.
Revocar licencias autonómicas para forzar un cambio de uso «roza la expropiación encubierta sin indemnización», según la portavoz. Considera que el discurso de la función social de la vivienda se emplea como «justificación a la ausencia de resultados en política de vivienda pública«.
Con todo ello, la federación concluye que la campaña del Gobierno contribuye a la securitización política del debate y convierte a las viviendas turísticas en un chivo expiatorio ante la falta de avances significativos en el acceso a la vivienda asequible