El principal acusado también tuvo condena en Francia en 2009 por el mismo delito
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha impuesto doce años de cárcel a un acusado de transportar en barco a Canarias 117 kilos de cocaína y diez años a otros dos, además del pago a cada uno de 22 millones de euros.
La Sala tiene en cuenta en el caso del principal encausado el agravante de reincidencia al tener también condena en Francia en 2009 a 14 años de cárcel por el mismo delito.
Así, la Audiencia da por probado que los tres se pusieron de acuerdo para transportar la sustancia desde Brasil a España en los últimos meses de 2023 en un barco propiedad de uno de ellos con bandera de Polonia.
Adquirían la sustancia en Bolivia
La embarcación estaba atracada en un puerto de las Islas donde figuraba como domicilio habitual de este detenido y en la misma se encontraron móviles, GPS y otros instrumentos que requisó la policía.
Uno de ellos se encargó de adquirir la sustancia en Bolivia y la llevó a Brasil, mientras que los otros dos realizaron la travesía: uno ejerciendo como patrón y el otro como acompañante. Este último aseguró desconocer la carga que llevaba la embarcación.
Las autoridades hallaron la nave a las 5:45 de la mañana de un día sin especificar de febrero de 2024. Funcionarios de la policía abordaron la embarcación con autorización judicial y detuvieron a los dos tripulantes con 147 paquetes en la zona de la popa bajo unos maderos.
La mercancía habría alcanzado los 5 millones de euros en el mercado negro
Posteriormente, detuvieron a un tercero que había participado en la operación desde tierra y que fue el encargado de comprar la droga en Bolivia que, una vez analizada, se determinó que hubiese alcanzado un valor aproximado de 5 millones tras su venta en el mercado negro.
Dos de los acusados se conocieron en Gran Canaria, donde residieron hasta 2021 cuando uno de ellos vendió su apartamento en la isla y se fue a vivir a Brasil. El tercero viajó a Bolivia, pero asegura que lo hizo porque trabaja en el sector de la construcción y su jefe le había encomendado abrir una sucursal en este país.
Asimismo, este justifica las comunicaciones telefónicas con los otros encausados porque es aficionado a la cría de gallos, término que usaba para referirse a la droga, según el fallo que es recurrible ante otra Sala de la Audiencia Nacional.
