La ONG Provivienda propone reservar parte del parque público para familias con menores vulnerables e insta a movilizar las viviendas vacías del archipiélago
La ONG Provivienda ha propuesto este martes que el futuro Plan de Vivienda Canarias 2026-2031 incluya a la infancia como colectivo prioritario en el acceso a las ayudas al alquiler y a la vivienda protegida. La entidad plantea además que una parte del parque público de viviendas se reserve para familias con menores en situación de vulnerabilidad.
El director territorial de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, trasladó esta propuesta durante la comisión parlamentaria que estudia la pobreza infantil en el archipiélago. En su intervención advirtió de que la situación de vulnerabilidad en las islas se ha «cronificado» y afecta actualmente a unos 91.000 menores y adolescentes.
Una emergencia habitacional con impacto en miles de familias
Provivienda, entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 36 años por el acceso igualitario a la vivienda, alertó de la magnitud de la crisis residencial en Canarias. Según expuso Rodríguez, el 60 % de los hogares presenta algún problema relacionado con la vivienda.
Además, 340.000 personas, el 15% de la población, tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler, la hipoteca o los suministros, lo que sitúa a Canarias como la comunidad con la tasa más elevada del país en este ámbito.
El representante de la entidad señaló también que el sinhogarismo ha aumentado un 16 % en la última década, mientras que el número de demandantes de vivienda protegida se ha duplicado en cinco años, al pasar de unas 17.000 personas a 34.272 solicitantes, según datos del Gobierno de Canarias.
Déficit de vivienda protegida y consecuencias para la infancia
Fernando Rodríguez destacó que Canarias dispone de 19.412 viviendas protegidas, una cifra que representa apenas el 1,3 % del mercado residencial. Asimismo, sostuvo que entre 2013 y 2019 existió una falta de estrategia en materia de vivienda «que estamos pagando ahora».
En el caso de los menores, estas carencias se reflejan en situaciones como la falta de una habitación propia, problemas de humedades o deficiencias en el aislamiento térmico y acústico, circunstancias que repercuten en su desarrollo emocional, afectivo y educativo.
La problemática se agrava porque Canarias lidera el número de mudanzas no deseadas por pérdida de vivienda, ya sea por desahucios, incrementos del alquiler o la no renovación de contratos. Esta realidad genera incertidumbre permanente sobre la posibilidad de perder el hogar, ansiedad en los progenitores y dificultades para que los menores mantengan relaciones sociales estables y continuidad educativa.
Movilizar las viviendas vacías
Ante esta situación, Provivienda plantea incrementar el parque público aprovechando las más de 211.000 viviendas vacías existentes en Canarias. La propuesta pasa por rehabilitarlas y dotarlas de condiciones adecuadas de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética, «sin agotar territorio».
Posteriormente, la entidad propone otorgarles la condición de vivienda de protección oficial durante 50 años y destinarlas a las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda de Canarias. Rodríguez recordó que en ese registro existen perfiles muy diversos y subrayó que «donde no hablamos de origen ni raza, hablamos de personas que cumplen con todos los requisitos».
Construir más viviendas y mejorar la información disponible
Además de recuperar viviendas vacías, Provivienda considera necesario construir «más y mejor», incorporando espacios verdes y zonas de juego en las nuevas promociones residenciales.
Rodríguez valoró positivamente la decisión del Gobierno de Canarias de reforzar el programa de «bolsas de vivienda», una iniciativa que calificó como «el camino correcto».
El responsable de la entidad identificó también como una de las principales dificultades la falta de información disponible sobre la vivienda vacía. En este sentido, consideró relevante el estudio que prevé realizar el Ejecutivo autonómico para conocer cuántas viviendas desocupadas existen, dónde se encuentran, por qué permanecen cerradas y qué necesidades tienen sus propietarios para incorporarlas al mercado del alquiler.
A partir de esos datos, añadió, las administraciones podrán diseñar políticas públicas orientadas a facilitar la rehabilitación de inmuebles o a ofrecer garantías frente a posibles impagos de la renta.
El papel de las administraciones y el tercer sector
Fernando Rodríguez defendió que la administración pública debe asumir la responsabilidad principal en la creación de vivienda protegida, seguida de la iniciativa privada.
No obstante, también reivindicó una tercera vía basada en la participación del tercer sector, una fórmula por la que se apuesta a nivel estatal y en la que entidades como Provivienda pueden desempeñar un papel relevante para mejorar el acceso a la vivienda.
