Cada vez son más frecuentes los casos de acoso entre menores, y las redes sociales son el principal factor de ello
Los casos de acoso entre menores de edad continúan en aumento, y con ellos la necesidad de aplicar con rigor los protocolos establecidos en los centros educativos. Según especialistas en derecho de menores, la actuación depende directamente de la gravedad de los hechos y del impacto que estos tengan en la víctima.
En situaciones menos graves, los propios centros escolares pueden activar la vía administrativa, que incluye medidas como el cambio de aula o, si el caso lo requiere, la apertura de un expediente y la posible expulsión del alumno agresor. En los escenarios más extremos, incluso se contempla el traslado del menor a otro centro educativo.
Los expertos recuerdan que si un centro no activa el protocolo correspondiente cuando es necesario, puede asumir responsabilidades en un futuro. Casos recientes ocurridos en La Palma y en el sur de Gran Canaria han vuelto a poner el foco sobre esta problemática, al registrar conductas que, según las autoridades, “traspasan todos los límites” y se sitúan en el ámbito penal. Entre ellas se incluyen lesiones físicas, psicológicas y morales, así como coacciones y comportamientos intencionados y reiterados.
Vía judicial en casos de gravedad
Cuando la situación alcanza esta gravedad, entra en juego la vía judicial a través del juzgado penal de menores y la fiscalía. Sin embargo, la legislación española establece que los menores de 14 años no son responsables penalmente; en estos casos, son los padres o tutores quienes deben responder tanto en el ámbito penal como civil.
En cuanto a la denuncia, cualquier persona puede presentarla: la víctima, los padres, los tutores, el propio centro educativo, la policía o incluso cualquier testigo de los hechos.
El repunte del bullying y la violencia entre menores y adolescentes preocupa especialmente a los profesionales, quienes señalan que las redes sociales actúan como un factor que potencia estas conductas.
