Montoya se ha ratificado en la versión que viene manteniendo desde que en abril de 2019 cambiara su relato inicial de inculpación por otro en el que se declara inocente
Bernardo Montoya, acusado de la agresión sexual y el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva), se ha declarado inocente durante la primera sesión del juicio, que se celebrará a puerta cerrada, y en la que ha culpado a una expareja de la muerte de la víctima.
Montoya llegaba este lunes a las 9:37 horas a la Audiencia de Huelva, procedente de la prisión de Huelva, donde lo esperaban numerosos profesionales de los más de 35 medios de comunicación acreditados para la cobertura del juicio, además de varias personas que le han increpado al grito de «asesino» y «criminal».
Lejos de querer ocultar o agachar su rostro ha mirado a los que estaban allí congregados antes de entrar al edificio de los juzgados a la espera del inicio del juicio.
El juicio se celebrará a puerta cerrada
Tras la constitución del jurado, el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, ha pedido celebrar el juicio a puerta cerrada para salvaguardar el derecho a la intimidad y la privacidad de las víctimas.
A esta petición se han adherido el resto de las partes: Fiscalía, acusación popular -que ejerce la Junta de Andalucía- y la defensa.
Una vez oído el jurado, el magistrado presidente, Florentino G. Ruiz Yamuza, ha accedido y acordado su continuidad a puerta cerrada, algo que ha motivado la denuncia e indignación de los profesionales de los medios de comunicación y las entidades que los representan.
La Asociación de la Prensa de Huelva y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Huelva) han considerado que «el apagón informativo» supone «un grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental».
La declaración de Montoya, por tanto, ha tenido lugar sin público en la sala ni señal de televisión.
Montoya acusa a su expareja, que habría actuado por celos
Según ha indicado a los periodistas a las puertas de la Audiencia su abogado, Miguel Rivera, Montoya se ha ratificado en la versión que viene manteniendo desde que en abril de 2019 cambiara su relato inicial de inculpación por otro en el que se declara inocente y responsabiliza de la muerte de Laura Luelmo a una mujer que fue su pareja sentimental y que actuó movida por los celos.
La desaparición de Luelmo se produjo el 12 de diciembre, apenas cuatro días después de que se trasladara a vivir a El Campillo para cubrir una baja de la especialidad de Plástica en el IES Vázquez Díaz de un pueblo cercano, Nerva.
Cinco días más tarde, tras intensas y largas batidas por la zona en la que participaron centenares de voluntarios, apareció su cuerpo en un lugar conocido como Las Mimbreras a las afueras de El Campillo, dando al traste con las esperanzas de todos los que aún confiaban en poder encontrarla con vida.
Primero se autoinculpó y luego cambió su testimonio
Al día siguiente fue detenido Montoya, un vecino del pueblo que residía en una vivienda frente a la de la joven, con antecedentes por asesinato y que hoy ha señalado que tras su detención se autoinculpó «por amor y porque no estaba en condiciones muy idóneas».
Meses después cambió su testimonio y afirmó que la autora de la muerte fue su expareja, que llegó a estar investigada, pero que finalmente fue excluida de la causa.
Después de Montoya han prestado declaración en esta primera jornada otras cuatro personas, si bien no ha trascendido de quién se trata, lo mismo que ocurre con la decena de testigos que han pasado ante el tribunal en el turno de tarde.
Está previsto que el juicio se prolongue hasta el viernes.
El acusado se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 32 años de cárcel -20 por un delito de detención ilegal y 12 por el de agresión sexual- y prisión permanente revisable por un delito de asesinato, algo, esto último, que también solicitan la familia de la víctima y la acusación popular en nombre de la Junta de Andalucía también han pedido prisión permanente revisable.
