Cuando un empleado público pedía antes teletrabajar, le respondían en un máximo de 20 días, y si no había respuesta, era un sí. Ahora, tendrá que esperar hasta 3 meses, y si no contestan, significa que no puede
El Gobierno de Canarias ha modificado en las últimas semanas el decreto que regula el teletrabajo de los empleados públicos. Cambia el punto referido al silencio administrativo, que pasa a ser negativo. Los sindicatos lo cuestionan.
El teletrabajo llegó a la administración para quedarse. Hasta tres días de teletrabajo regulados en un decreto de 2023 que se modifica ahora. Un cambio que afecta al silencio administrativo.
La directora general de Modernización, Juana María Reyes, lo explica: «de tal forma que si antes en 20 días si no se respondía el silencio era positivo, ahora se tiene tres meses para hacer el proyecto de trabajo y los indicadores de evaluación y presentarlo y aprobarlo. Y si en caso que no se haga entonces ya si el silencio es negativo«.
Esto significa que los empleados públicos que quieran teletrabajar tendrán que solicitarlo formalmente y en esos meses habrá que crear un plan de trabajo de cómo se va a realizar y contestarle. Si no se hace, significa que la respuesta es un no.
Se garantiza así, dicen desde la administración regional, un mejor control del trabajo y se dota a los empleados públicos de mayores garantías. «Se busca garantizar que el trabajador este perfectamente comunicado con teléfono corporativo y que realmente esté en las mismas condiciones» con respecto al trabajo presencial, afirma Reyes.
Esta medida y sus motivaciones las cuestionan desde los sindicatos, que reclaman una mejor planificación del trabajo. Aseguran que tiene que estar previa esa evolución también en el trabajo presencial. Si no, señalan, estarían intentando hacer ver que el teletrabajo es menos productivo. Algo que niegan.
El teletrabajo es una opción a la que, por las necesidades del trabajo, solo puede acceder un 5 por ciento de los empleados públicos
