Zapata anuncia el traslado de los preceptos clave de este decreto ley a las corporaciones, basados en favorecer y agilizar la transición energética de Canarias y la adaptación real al cambio climático
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata ha expuesto este lunes ante Consejo de Gobierno los preceptos clave del decreto ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.
Se trata de un texto cuyo objetivo es «acelerar la transición energética de las islas, favorecer su descarbonización. Y adoptar nuevas medidas claves para la adaptación al cambio climático, enfocadas hacia un futuro más sostenible».
Dicho decreto ley, que deriva de la modificación de la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada la pasada legislatura, según explicó el consejero Zapata, surge como consecuencia de una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado que exigía la modificación de 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal a este mismo respecto.
Además, la actual situación de emergencia energética que padece Canarias, declarada el pasado 2 de octubre, así como los objetivos de descarbonización del archipiélago y la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC). El objetivo es «alcanzar de aquí a 2030 un 58% de penetración de renovables en el territorio español, (del que actualmente Canarias solo presenta un 20%), han sido otras de las cuestiones más relevantes para motivar esta revisión y cambio».
No obstante, con esta modificación, según explicó el consejero no solamente se pretende cumplir con la legalidad. Sino también “hacer un texto más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido”.
Todo ello, con el objetivo de “dar garantías legales que agilicen la tramitación de proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático, generando un escenario de confianza para pymes, inversores, empresas y administraciones”. Pero además “implicando a la ciudadanía y siendo conscientes de la importancia del respeto por nuestro medio ambiente, con acciones más detalladas y realistas”.
Modificaciones
Entre las modificaciones principales de dicha ley se plantea dar agilidad a la implantación de renovables. Garantizando la protección ambiental del territorio, con la creación de las Zonas de Aceleración de las energías renovables, en coordinación con los cabildos insulares. Además, se agiliza el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, para implantar energías limpias. Y también la diversificación del modelo económico. Con la creación de un Plan Formativo Verde, para impulsar el empleo en sectores clave para la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono.
Asimismo, para acelerar la mencionada transición energética, garantizando el suministro eléctrico, y basado siempre en el respeto por el medio ambiente, destaca la apuesta por las energías renovables a pequeña escala. Y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de 2 MW de potencia (hasta un 20%).
Proyectos de Acción Climática
Por otro lado, y en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad sobre proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para llevarlos a cabo, se realizará una simplificación de los trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas para agilizarlos, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.
Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía.
Una Empresa Pública Canaria de la Energía
Asimismo, se propone la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía. Como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias. Un ente «necesario para lograr los objetivos de la norma, llevar a cabo los mencionados proyectos de mitigación y adaptación y solventar situaciones de pobreza energética».
Durante todo este proceso de coordinación, la participación de cabildos y ayuntamientos también es fundamental. En este sentido, se impulsarán instrumentos autonómicos para fomentar su colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias.
Un decreto ley fruto del consenso
Según el Gobierno «en todo este proceso de preparación del nuevo decreto ley se han mantenido más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con numerosas administraciones, organizaciones y agentes externos. Para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso.
Entre ellas, destacan las aportaciones y reuniones mantenidas con el Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul. Y los integrantes de la Mesa de Energía Renovable, liderada por la Consejería de Transición Ecológica. Asimismo, se ha contado con la colaboración del resto de áreas de Gobierno afectadas. Como las consejerías de Turismo y Empleo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. También Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas o Hacienda.
También se han implicado en el proceso agentes económicos y sociales. Como las universidades canarias, la FECAM, el Comité de Expertos de Agenda Canaria 2030.
