La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de CC-PNC, Cristina Valido, apuntó que estamos ante «una Legislatura perdida en materia social
CC-PNC ha tachado de «tomadura de pelo» que el Gobierno de Canarias anuncie «cada año para el siguiente» la renta ciudadana, «incumpliendo así el primero de los ejes del acuerdo suscrito por el ‘Pacto de las Flores’, que recoge que instaurarán por Ley, de manera urgente, la Renta de Ciudadanía que establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía».
Los nacionalistas canarios han calificado de «vergonzoso» el anuncio hecho por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de implantar la renta ciudadana el verano que viene. En este sentido, sostienen que quienes «tenían la solución para todo mientras estaban en la oposición, perdieron las prisas y las ideas al llegar a los despachos».
Al respecto, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de CC-PNC, Cristina Valido, apuntó que estamos ante «una Legislatura perdida en materia social, una Legislatura en la que se ha dado un paso atrás en políticas sociales justo cuando el área tiene más personal y recursos y en un momento coyuntural que tiene su precedente en la crisis financiera de 2008 pero que, a diferencia de entonces, cuenta con una herramienta como la Ley de Servicios Sociales aprobada al final de la legislatura pasada».
Valido afirma que quienes peor parado salen son las personas en exclusión social
Cristina Valido señaló que los canarios, en este caso las personas en situación de exclusión social, «son las grandes víctimas de una gestión nefasta, de compromisos sin cumplir y de excusas de una consejera y de un Gobierno incapaz y cómplice».
Los nacionalistas canarios denuncian que el balance del área de Derechos Sociales es «funesto» y advierten que está inmerso en «una parálisis que castiga a los ciudadanos y, lo que es peor, a la población más vulnerable». Asimismo, recuerdan que la renta ciudadana «no es el único fracaso, sino uno más de los incumplimientos que se suma a la incapacidad para consensuar con el tercer sector un catálogo de Servicios Sociales o la gestión en materia de Dependencia o una PCI que apenas ha llegado a 8.000 personas en medio de una crisis económica y social».
Valido hizo un llamamiento a la «responsabilidad» y reiteró la necesidad de «dar un giro de 180 grados a la gestión de un área tan sensible como la de Derechos Sociales y hacerlo de la mano del diálogo y del consenso con los colectivos del tercer sector para seguir avanzando en fortalecer uno de los pilares básicos del estado del bienestar».
