Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Tenerife aseguran que asegurar la vivienda a los más vulnerables es una responsabilidad que recae en las administraciones públicas
El empresariado de Tenerife se ha mostrado este jueves a favor de proteger a las familias vulnerables «y garantizar que nadie quede sin una alternativa habitacional» pero al mismo tiempo asegura que esa responsabilidad corresponde fundamentalmente a las administraciones públicas «y no puede trasladarse de forma permanente al propietario particular».
En esa línea detalla que el nuevo decreto prolonga hasta 2030 determinadas suspensiones de desahucios y contempla compensaciones a propietarios en determinados supuestos, cuya tramitación corresponde a las comunidades autónomas.
«El riesgo es que, si el propietario percibe que pierde capacidad para recuperar su vivienda o que aumenta la incertidumbre sobre la duración efectiva del contrato y el cobro de la renta, una parte de la oferta se retire del alquiler residencial, se desplace hacia otros usos o exija mayores garantías, eso reduciría precisamente la oferta que necesitamos ampliar», señala la patronal en una nota.
Aumentar la oferta pública y privada
En esa línea detalla que el problema de la vivienda en Canarias no se resolverá actuando «únicamente» sobre la demanda o protegiendo al inquilino mediante mayores obligaciones al arrendador.
«Necesitamos aumentar con rapidez la oferta pública y privada, movilizar suelo, agilizar licencias, rehabilitar vivienda y ofrecer seguridad jurídica tanto al inquilino como al propietario. Proteger al vulnerable es imprescindible, pero debe financiarse desde las políticas sociales y los presupuestos públicos», comenta.
La patronal indica que se traslada esa función al pequeño propietario se puede conseguir el «efecto contrario al perseguido» y que haya menos viviendas disponibles, mayor selección de inquilinos y más presión sobre los precios.
«La política de vivienda debe conseguir que resulte atractivo poner una vivienda en alquiler, no que el propietario considere más seguro mantenerla fuera del mercado», apunta.
