Venezuela rechaza la apertura e insta a tomar una decisión conjunta
El Gobierno de Colombia ha cambiado de opinión y ha decretado la reapertura de la frontera con Venezuela de forma gradual desde este miércoles, en el marco de la pandemia de COVID-19 y horas después de que el presidente, Iván Duque, decidiera ampliar el cierre hasta el 1 de septiembre.
El Ministerio del Interior colombiano ha emitido la resolución 0746, que autoriza la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela «sin perjuicio de que se continúen aplicando las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección social», según el documento, publicado después de que el Ministerio de Salud expresara un criterio contrario a la ampliación del cierre.
Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Jorge Arreaza, ha emitido un comunicado con el «rechaza la intempestiva decisión» de Colombia. Para Arreaza, se trata de una decisión de distracción sobre la crisis política del país vecino.
«Esta suerte de emboscada fronteriza deja en evidencia que el Gobierno colombiano sigue haciendo uso de tretas políticas con el fin de distraer la atención de la opinión pública (…) en torno a las protestas antigubernamentales, se lee en el comunicado.
Rechazo de Venezuela
Venezuela ha manifestado que esta «decisión unilateral no abre fronteras» por lo que ha instado a Colombia a «avanzar en la coordinación bilateral». Asimismo, ha querido recordar a Colombia que los asuntos transfronterizos deben guiarse por el Derecho Internacional y no a través de mecanismos «desesperados».
Colombia reabrió los pasos de conexión con Panamá, Perú, Brasil y Ecuador –igualmente cerrados para evitar la propagación de la COVID-19– el pasado 19 de mayo. En ese momento, el Ministerio de Exteriores de Colombia avanzó que analizaba la posibilidad de abrir la frontera con Venezuela a partir de este martes.
Por su parte, el lunes, miembros de la sociedad civil de Colombia y Venezuela emitieron un comunicado en el que pidieron al Gobierno no postergar la reapertura de los pasos, argumentando que, ante el cierre, las personas «se han visto obligadas a recurrir a caminos informales donde grupos criminales los extorsionan, secuestran, asesinan y ejercen violencias sexuales, en especial contra las mujeres».
«El comercio de bienes también ha tenido que pasar por esas rutas. En términos económicos, esa criminalidad es la empresa multiagencial, binacional y transnacional más favorecida por el cierre de los pasos fronterizos formales y por la parálisis de la institucionalidad para manejar la vecindad», han agregaron, antes de instar a «cambiar» la situación.
El cierre de los pasos fronterizos se decretó el 16 de marzo de 2020, diez días después de que se registrara el primer caso de COVID-19 en Colombia, que hasta el momento ha contabilizado más de 3,4 millones de contagios y supera los 89.000 fallecidos a causa de la enfermedad. Venezuela, por su parte, ha notificado 236.000, incluidas 2.600 víctimas mortales.
