La comitiva judicial estudió una documentación presentada a última hora para una posible paralización del desahucio de una vivienda en el barrio de La Cuesta, en La Laguna, que finalmente se ha producido
La comitiva judicial encargada de ejecutar el desahucio de un padre y su hija menor estudió una vez presentada en la zona un recurso para paralizar el lanzamiento de la vivienda previsto para este miércoles en el barrio de La Cuesta, en La Laguna (Tenerife). El procedimiento, fijado inicialmente para las 9:30 horas, se retrasó mientras se analiza la documentación presentada, pero finalmente la comitiva judicial efectuó el desahucio.
A las puertas del edificio, cerca de una veintena de vecinos permanecieron concentrados a la espera de la decisión definitiva que adoptase la comisión judicial. Los asistentes mostraron su apoyo a Diego Iván, residente de la vivienda y padre de una menor de seis años, de la que comparte la custodia con la madre.
El afectado afronta el desahucio a raíz de una deuda hipotecaria relacionada con una vivienda de protección oficial. Según denuncian vecinos y allegados, el inmueble lo ha reclamado una empresa con sede en Madrid, a la que califican de “fondo buitre”. No obstante, aseguran que la propiedad habría sido cedida posteriormente a una tercera persona, circunstancia sobre la que se intentó fundamentar la suspensión cautelar del lanzamiento.
Informe de vulnerabilidad que no llegó
Diego Iván estaba pendiente además de la emisión de un informe de vulnerabilidad social que todavía no se ha resuelto. El afectado sostiene que no dispone de alternativa habitacional en caso de verse obligado a abandonar la vivienda junto a su hija.
Finalmente, la comitiva judicial ha procedido a efectuar el desahucio y amigos y familiares de Diego ayudaron a sacar de la vivienda sus pertenencias.
El Ayuntamiento de La Laguna insiste en que han emitido el informe de vulnerabilidad, pero la comisión judicial que se personó en el desahucio decía que no podían parar el desahucio porque no tenía ese informe. El Consistorio sostiene que el 18 de mayo remitieron un informe al juzgado aludiendo a la carencia de alternativa habitacional de Diego. Aseguran que en este caso concreto es el juzgado el que debe tramitar el expediente de vulnerabilidad.
Por el momento, Cruz Roja ha facilitado una alternativa a este vecino que residía en una vivienda a nombre de sus padres que había sido adquirida por un «fondo buitre» tras la acumulación de deuda.
