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Diputado del Común pide «cooperación» a CCAA en tutela de migrantes menores

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha puesto en contacto con las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas para pedir «cooperación y colaboración» en la asunción de la tutela y custodia de menores extranjeros no acompañados

Rafael Yanes, diputado del común en Canarias.
Diputado del Común pide «cooperación» a CCAA en tutela de inmigrantes menores

En su escrito, el Diputado del Común esgrime que la insularidad, el aislamiento o el reducido tamaño del territorio y su posición geoestratégica están haciendo que este fenómeno migratorio tenga «una especial incidencia» en Canarias.

Hace hincapié en que en 2020, de las 23.023 personas llegadas a las costas canarias, 2.776 fueron menores extranjeros. Un número que se ha casi quintuplicado dentro del sistema de protección en el último año.

De esta forma, el Diputado del Común, haciéndose eco del informe publicado por el Defensor del Pueblo sobre migración en Canarias, insiste en que «no es razonable» que los servicios de protección canarios asuman en solitario la acogida de los menores extranjeros no acompañados.

Por eso, solicita la ejecución de un plan estratégico para la integración de estos menores impulsado por la Administración General del Estado.

Abunda en que la institución que encabeza está comprometida con la protección de los derechos y la atención a los menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan a Canarias sin estar acompañados por personas adultas responsables y sin referentes familiares.

Sin embargo, reconoce que el fenómeno migratorio en las islas está suponiendo «un reto» para la Comunidad Autónoma y «un gran esfuerzo» por parte de las distintas administraciones para ofrecer a estos niños la atención inmediata que precisan.

Así, sostiene que el sistema de tutela y protección canario se ha visto «desbordado» por la «afluencia masiva» de estos menores, para cuya atención y protección integral «no se dispone de recursos materiales y personales suficientes, ni para garantizarles el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales». 

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