El Consejo Escolar de Canarias está compuesto por representantes de los distintos sectores del ámbito educativo, desde el personal, a los sindicatos
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, elevará al Consejo Escolar de Canarias, máximo órgano de participación y asesoramiento del Ejecutivo Autonómico en materia educativa, una consulta sobre la posible regulación regional del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos en los centros educativos del Archipiélago.
“Hasta ahora, de forma no oficial, hemos hablado de la posibilidad de ver cómo se gestiona el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos”, ha expresado en los últimos días Suárez, para quien “es un tema que tenemos que empezar a valorar más formalmente, pero contando con la comunidad educativa y con informes de expertos”.
Trasladando ahora esta consulta al órgano presidido por Natalia Álvarez, la Consejería da los primeros pasos para estudiar de manera oficial la conveniencia o no de la medida.
Educación y el uso de móviles
“Hay posiciones a favor y en contra, pero necesitamos un estudio profundo, escuchar a profesionales y contar con la comunidad educativa”, subrayó el consejero.
En Canarias, la regulación de esta cuestión está hasta ahora en manos de los propios centros educativos, que en el ejercicio de su autonomía, deciden el uso en su interior de los móviles por parte del alumnado. Sin embargo, en los últimos tiempos, distintos colectivos y especialistas nacionales e internacionales apuntan a la necesidad de limitar dicho uso no solo en las escuelas, sino hasta que los niños y niñas alcancen cierta edad, lo que ha llevado a la Consejería a querer recabar la mayor información y consenso posibles antes de un posicionamiento definitivo.
El Consejo Escolar de Canarias está compuesto por representantes de los distintos sectores del ámbito educativo, desde el personal, a los sindicatos, pasando por las familias, el alumnado y el empresariado, así como por Cabildos, Ayuntamientos y otras instituciones y personalidades, lo que hace él un instrumento idóneo y especialmente legitimado para una consulta de estas características.
