El pleno del Congreso retoma este jueves la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría.
Solo PP y Vox rechazaron en septiembre la toma en consideración de la proposición de los nacionalistas vascos para reformar la ley, que continuará su tramitación tras el más que probable rechazo del veto del PP.
En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el Gobierno informe cada seis meses de una ley que considera más vigente y útil que nunca, a pesar de que el Ministerio del Interior no informe de las sanciones que se imponen.
Fuentes parlamentarias de distintos partidos consultadas por Efe consideran que el debate del pleno de este jueves supondrá una nueva activación de los trabajos de reforma de la ley, que estaban muy avanzados en 2019 pero que, sin embargo, quedaron inconclusos al disolverse el Parlamento por la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de ese año.
La iniciativa del PNV, que propone cambios en 44 preceptos de la ley vigente desde julio de 2015, encara así una nueva fase en la que los grupos han presentado enmiendas parciales que deberán trabajar en la ponencia.
Portavoces del PNV, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden en que «lo razonable» sería retomar los acuerdos adoptados hace dos años, pues se había analizado dos tercios de la norma.
Ahora bien, reconocen que no se cierran a revisar de nuevo todo ni tampoco ocultan que el panorama político es muy distinto al de entonces con la vista puesta en el resultado de las elecciones catalanas, la incógnita sobre la posición del PP para repetir acuerdos «ahora que mira a Vox por el retrovisor» o la presión de Podemos al PSOE para que la reforma sea más «radical», apuntan a Efe varios diputados.
Algunos destacan las «pocas prisas» del Ejecutivo por liquidar esta ley, lo que se ha trasladado a una demora en la tramitación, si bien recuerdan que la reforma de la ley es un acuerdo con Podemos para el Gobierno de coalición.
Desde el PNV, uno de los principales impulsores de la reforma, su portavoz en la comisión de Interior Mikel Legarda insiste a Efe que la postura de su partido no tiene nada que ver con que el Tribunal Constitucional haya refrendado la constitucionalidad de la norma sino con un modelo «escorado» hacia la seguridad en detrimento de la libertad.
