La ley que limita la gestión privada de la sanidad, y que inicia ahora su trámite parlamentario, busca priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.
Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.
«El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», ha enfatizado en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Mediante el texto aprobado esta martes se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.
La gestión indirecta tendrá carácter estrictamente excepcional
En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.
De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.
Para ello, se establecen varios mecanismos de control, el primero, la exigencia de una evaluación previa; en este sentido, se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.
Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.
Según ha venido argumentando Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.
Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.
Sostenibilidad financiera
El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria.
Además, establece una preferencia por el sector social para que, en caso de empate en licitaciones, se prioricen las entidades sin ánimo de lucro.
La ley incorpora medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.
Sanidad elaborará también, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997, que será elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes.
