La decisión de la Unión Europea comenzará el 1 de julio y afecta al comercio con plataformas como Temu, Shein o Aliexpress
La Unión Europea (UE) comenzará el 1 de julio a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera del bloque, una medida que busca atajar la avalancha de importaciones baratas que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress.

El comercio electrónico ha hecho dispararse la llegada de estos paquetes de bajo valor que hasta ahora estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen las normas europeas y luchar contra el fraude.
3 euros por tipo de producto
En la práctica, la UE aplicará un cargo de 3 euros por cada tipo de producto que venga en el paquete, de modo que si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán 6 euros, mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de 9 euros, por ejemplo.
Los encargados de pagar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos, pero estos podrían repercutirlas al consumidor en sus facturas.
Desde la organización de consumidores BEUC explican que estas plataformas podrían reflejarlo aumentando sus precios de venta, sin necesidad de especificar cuánto corresponde a la tasa, pero recuerdan que en todo caso están obligados a informar al consumidor del precio final de la compra antes de pagarla, de modo que no se encuentren con recargos sorpresa cuando reciban los productos.
En este sentido, advierten de que las empresas de mensajería o servicios de correos no pueden cobrar la tasa a los destinatarios de los paquetes.
En el pasado, a raíz de otros cambios fiscales, se han dado casos en los que estas empresas enviaban una factura al consumidor si no lograban dar con el responsable del impuesto, algo que no está permitido, según explicó a EFE la responsable de Asuntos Internacionales de BEUC, Léa Auffret.
«Vamos a vigilar la situación», dijo Auffret, quien subrayó que solo en casos «residuales» el consumidor será el responsable directo de la tasa.
Avalancha de envíos chinos
La tasa se aplicará de manera temporal, hasta el 1 de julio de 2028, cuando entrará en vigor la reforma más amplia de las aduanas de la UE, que acabará con la exención de derechos de aduana de la que se benefician los paquetes de menos de 150 euros desde los años ochenta y empezará a imponerles aranceles en función de su contenido.
La reforma fue aprobada en noviembre del año pasado, pero los Gobiernos de la UE no querían esperar tres años para atajar un problema que consideran urgente, por lo que en diciembre adoptaron esta tasa temporal.
El volumen de estos envíos baratos se ha cuadruplicado desde 2022, hasta los 5.900 millones de paquetes en 2025. Estos representan el 98 % de todos los que entran en la UE vía comercio electrónico, pero solo un 2 % del valor de las importaciones ya que de media no alcanzan los 9 euros, según datos de la Comisión Europea.
El 93 % proceden de China, muy lejos del 2 % de Reino Unido o el 1 % de Estados Unidos. El Ejecutivo comunitario atribuye su aumento al crecimiento «exponencial» de comercios en línea, en particular Temu y Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una «penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultra-rápidos».
Esta llegada masiva de paquetes directamente al consumidor aumenta el riesgo de que entren productos falsificados o inseguros y distorsiona la competencia con los fabricantes europeos, que deben respetar las normas comunitarias y pagan aranceles cuando importan grandes cantidades.
Además, perjudica al medio ambiente y se presta al fraude, según las autoridades comunitarias y la industria europea, que llevaba tiempo reclamando actuar.
A la tasa de tres euros se sumará a partir del otoño una nueva «tasa de gestión» para todos los paquetes pedidos a países fuera de la UE y que lleguen directamente al consumidor. Su cuantía aún tiene que ser decidida por la Comisión Europea, que había sugerido inicialmente fijarla en 2 euros.




