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18 octubre 2021 9:07 am

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El exconsejero de Educación reconoce que llamó al rector de la universidad para solicitar la documentación del máster de Cifuentes

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este viernes la tercera sesión del juicio a la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, para la que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel por instar a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que supuestamente defendió en 2012 en el Instituto de Derecho Público de la URJC. También están procesadas dos profesoras del Instituto.

El exconsejero madrileño de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio por el caso Máster que llamó en «reiteradas» ocasiones al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, el día que saltó la polémica pero solo para que le trasladasen la información que la universidad había explicado en rueda de prensa.

El rector de la URJC, Javier Ramos, apuntó en su testifical del pasado viernes a Van Grieken como el cargo del Gobierno regional que más insistió en conseguir la documentación del máster de la expresidenta, reclamándole «reiteradamente» el acta de TFM nada más terminar la rueda de prensa que dio el día que saltó el escándalo, 21 de marzo de 2018.

Este lunes el exconsejero, que es catedrático en la URJC, ha relatado que un día antes, el 20 de marzo por la noche, recibió una llamada del rector que no atendió porque no le parecieron horas, pero le dijo que hablarían al día siguiente. El día 21 leyó la primera información sobre el máster de Cristina Cifuentes, habló con el rector y éste le dijo que había recabado documentos y «todo era normal», por lo que no prestó más atención hasta la rueda de prensa que se dio a mediodía.

Fue tras esta comparecencia cuando solicita al rector la documentación «en la que se habían basado esas declaraciones», en las que se aseguró que «no había irregularidades» en el máster, con el fin de poder dar la postura del Ejecutivo regional al respecto.

«Yo no tenía ninguna duda de que el rector disponía de esa documentación y de que me la iba a mandar, pero pasaron tres horas», ha explicado, reconociendo que las llamadas a Javier Ramos «serian proporcionales a la tardanza en hacernos llegar la documentación», y que llamó al rector «en reiteradas ocasiones».

«Era algo afectaba al gobierno regional, porque la alumna era a su vez presidenta de la Comunidad y se ponía en entredicho el comportamiento de la universidad pública. Es absolutamente de mi competencia indagar sobre cualquier cosa que tenga que ver sobre ese asunto que se difundió ese día», ha recalcado.

Sobre los documentos que finalmente le envió la URJC ha precisado que él y su equipo tuvieron que comprobar algunos de ellos y pedirles que los volvieran a enviar, ya que por ejemplo recibieron un documento que decía que Cifuentes constaba como no presentada en la asignatura «Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales», impartida por Pablo Chico, quien ha declarado este lunes también como testigo.

Al decirle al rector que esto «no cuadraba para nada» con lo que la Universidad había contado en la rueda de prensa, la URJC «envió el acta con la nota corregida de 7,5«, ha añadido, asegurando que él daba «total credibilidad» a los documentos de la universidad, a la que no pidió expresamente el TFM sino todo lo que hubieran recabado.

En un comunicado posterior a su declaración, el exconsejero ha añadido a los medios de comunicación que “todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponda en relación con este caso, y algunos no quieren admitirla».

Considera «una irresponsabilidad convocar una rueda de prensa con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía el rector», quien, subraya, «en ningún momento nos comunicó que había abierto una información reservada paralelamente», por lo que se siente «engañado».

En el comunicado el exconsejero añade que «si alguien ha transgredido la ley que pague por ello», en lo que se trata «un casi aislado» en la universidad.

En la sesión de este lunes está previsto que declaren doce testigos, todos salvo el exconsejero pertenecientes a la URJC.

Durante su declaración la funcionaria Amalia Calonge ha asegurado ante el tribunal que estaba autorizada para modificar las notas de Cristina Cifuentes, en contra de lo que aseguró el rector, y que lo hizo tras una llamada del catedrático Pablo Chico de la Cámara, que era el responsable de la asignatura en la que Cifuentes aparecía como no presentada.

Calonge ha reiterado que en octubre de 2014 tenía potestad para cambiar las notas de los alumnos de «másteres antiguos, con alumnos matriculados antes de que se creara la escuela de posgrado», siempre que se lo solicitaran los profesores, y así cambió de suspensa a notable la nota de Cifuentes.

Y lo hizo porque la llamó el catedrático Pablo Chico de la Cámara, a quien le pidió que se lo solicitara por escrito. Al recibir el correo del catedrático ella entendió que el 7,5 era la nota que tenía que cambiar en la asignatura comentada y también en el TFM, y cambió las calificaciones sin hacer comprobaciones porque nunca se había echo.

Por su parte Pablo Chico ha declarado que Calonge le llamó para comentarle que Cifuentes aparecía como no presentada en su asignatura, y él comprobó en sus documentos que tenía un notable, por lo que le envió un correo con esta información como ella le había solicitado, fiándose de que lo haría llegar a una persona cualificada para hacer el cambio oficial.

No hablaron del TFM de Cifuentes «bajo ningún concepto», ya que él desconocía que hubiera TFM en ese máster, por lo que ha sostenido que Calonge «por su cuenta y riesgo, y sin tener firma, decidió de forma arbitraria hacer una modificación» de la nota del TFM, entiende que «de mala fe».

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