La ministra de Transportes ha dicho en el Congreso que el Gobierno «adoptará las medidas que sean precisas» para evitar la subida desmesurada de los vuelos entre Canarias y la Península
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que en el Gobierno son «conscientes» de la subida registrada en los precios aéreos entre Canarias y la Península y se comprometen a «adoptar las medidas que sean precisas» ante esta situación.
Sánchez ha contestado en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria María Fernández, interesada en saber si la ministra considera que la labor de su departamento está teniendo éxito frente a la «desmesurada» subida de precios de los vuelos entre Canarias y la Península.
«Los precios han subido de media un 18% y en algunas rutas un 45%»
La diputada canaria ha explicado a la cámara que los precios de esos vuelos «han subido de media un 18 %, llegando en algunas rutas al 45 %«. Ha señalado que eso significa, cuando se está bonificando el 75 % del precio del billete, que «el dinero público se está tirando a la basura o, peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas».
Tras opinar que «esta desmesurada subida de precios no la explica ni la guerra de Putin ni el gas de Putin, que es una excusa universal», Fernández ha dicho a la ministra que es una «obligación» del Gobierno «fiscalizar el dinero público para saber si va destinado al fin que se prevé«, algo que «está en peligro cuando no dejan de subir los precios» y quienes «lo soportan» son los canarios, que cada vez están «más alejados de la Península».
En su respuesta, la titular de Transportes ha garantizado que «este ministerio y este gobierno hacen un control exhaustivo del destino de los recursos públicos» y también «un seguimiento de ese incremento del precio de los billetes aéreos que lo cierto -ha subrayado- es que sí, es que la guerra de Ucrania ha tenido efecto en los precios».
Proyecto por posibles nuevas rutas con obligación de servicio público
Además de comprometerse a «adoptar aquellas medidas que sean precisas», Sánchez ha recordado que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer una obligación de servicio público, lo que podría dar como resultado fijar una tarifa máxima.
Al respecto ha apuntado que el establecimiento de una tarifa máxima «solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que, en caso de no estar previamente justificado, puede tener efectos indeseados y que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes».
Asimismo, Sánchez ha recordado que «fue este gobierno el que en 2018 aumentó del 50 al 75 % la subvención para residentes en el precio de los billetes».
