El equipo jurídico denuncia violencia vicaria y anomalías judiciales en España e Italia
El juicio contra Francesco Arcuri ha comenzado este jueves en Cagliari, en Italia. Los abogados de Juana Rivas lo califican de un proceso clave para visibilizar un «gravísimo caso de violencia vicaria».
El despacho de Carlos Aránguez sostiene que el juicio evidencia una “anomalía jurídica y social”. Denuncia que el presunto maltratador mantiene la custodia de uno de los hijos. Daniel volvió a Italia con su padre en julio, por orden judicial, después de permanecer en España con su madre desde las vacaciones de Navidad.
Violencia vicaria en el centro del caso
Los abogados recalcan que el conflicto no trata de custodia ni de una supuesta madre manipuladora. Aseguran que se trata de violencia de género en su forma más cruel. Arcuri habría cumplido la amenaza de “quitarle los niños” a Rivas, una advertencia que, según el equipo jurídico, lanzó tras la separación de la pareja.
Los letrados enmarcan la denuncia por sustracción de menores en esa supuesta amenaza. La Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas, que declarará el 30 de octubre. El tribunal se pronunció el 24 de julio, un día antes de que Rivas entregara a Daniel a su padre. Una medida cautelar previa había permitido que el niño permaneciera con ella.
El derecho del menor a ser escuchado
El equipo jurídico insiste en que las autoridades no escucharon a Daniel antes de que regresara a Italia, pese a que la normativa y una sentencia del TEDH lo exigen. El Juzgado de Instrucción 4 de Granada sí lo escuchó y, en enero, permitió que permaneciera en España como medida cautelar.
Los abogados lamentan que ese auto se conociera solo tras la entrega de Daniel. Consideran que habría sido decisivo en el proceso civil sobre la custodia. Denuncian que la jurisdicción civil española actuó en “seguidismo ciego de la Corte de Apelación de Cagliari”, ignorando la prioridad del ámbito penal.
El auto, añaden, desvirtúa el argumento central de Arcuri y su entorno: el Síndrome de Alienación Parental. Una tesis rechazada en distintos foros internacionales. Finalmente, confían en que el proceso corrija la desconexión entre jurisdicción civil y penal en Italia. Denuncian que esa brecha vulnera principios básicos de derecho.
