El TAD considera que hay indicios suficientes para proceder a la incoación de procedimiento administrativo sancionador
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) apreció siete posibles infracciones muy graves de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que encabezaba Pedro Rocha, por lo que decidió incoar un expediente disciplinario para estudiar si las conductas de este órgano supusieron un exceso en el ejercicio de las funciones que tenían atribuidas.
La incoación debe dirigirse contra Rocha por el cese del secretario general, la renovación del seleccionador masculino, la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC, la adjudicación provisional de los contratos del VAR a Grupo Mediapro y de la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego a Hawk-Eye Innovation, la rescisión del contrato externo con GC Legal y la personación de la RFEF como acusación particular en la causa judicial del Juzgado de Majadahonda, según el expediente del TAD adelantado este lunes por Iusport.
«De igual manera, se dirigirá contra el resto de los miembros de la comisión gestora por los cuatro primeros hechos mencionados en el párrafo anterior», añade el texto, que alude a siete infracciones muy graves del artículo 76.2 a) de la Ley 10/1990: ‘el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias'».
Indicios suficientes para incoar un procedimiento sancionador
El Tribunal aprecia la existencia de indicios suficientes para proceder a la incoación de procedimiento administrativo sancionador en decisiones como el despido del secretario general de la RFEF, Andreu Camps, o la renovación del seleccionador masculino, Luis de la Fuente ya que entiende que «el periodo de renovación excede del previsible para la situación de interinidad hasta la convocatoria de elecciones».
En la misma línea se pronuncia sobre la retirada de la demanda de la RFEF contra LaLiga por el acuerdo de esta última con CVC, la cual «implica un acto de disposición de una acción procesal que compromete la voluntad de la RFEF» o en la adjudicación provisional del VAR al Grupo Mediapro y de la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego a Hawk-Eye Innovation, que a su juicio «podrían exceder de las funciones atribuidas a la Comisión Gestora, ya que supone un compromiso de la RFEF por cuatro años».
Por último, respecto a la rescisión del contrato externo con GC Legal y la personación de la RFEF en la causa judicial abierta ante el Juzgado número 4 de Majadahonda, entiende el TAD que también resulta pertinente la incoación del expediente sancionador.
Por contra, el TAS considera que no existen indicios suficientes para incoar expediente disciplinario en lo que respecta a la convocatoria extraordinaria de la Asamblea General de la RFEF en la que se aprobó su salario y los presupuestos ni tampoco en el cese del exseleccionador femenino Jorge Vilda y la contratación de Montse Tomé como su sustituta.
En el momento de tomar ambas decisiones, el TAD opina que no se había constituido aún la Comisión Gestora. Por lo tanto, «no procede la incoación de un procedimiento sancionador al tratarse de decisiones adoptadas durante la vigencia de la Junta Directiva», según la misma versión.
Denuncia de Miguel Galán
El Consejo Superior de Deportes (CSD) recibió este lunes una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en la que este órgano comunica su decisión de incoar expediente sancionador a todos los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por posibles infracciones de carácter muy grave.
La decisión del TAD es consecuencia de la denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), contra la Gestora y su presidente, Pedro Rocha, por extralimitarse en sus funciones y tomar decisiones como la renovación del seleccionador masculino, Luis de la Fuente.
