El alto tribunal canario mantiene la condena de dos vecinos de Tenerife por una brutal agresión vinculada a una disputa por una vivienda ocupada
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado las penas de once años de prisión contra dos hombres de Tenerife, responsables de una violenta agresión ocurrida en Arona en febrero de 2023. El fallo desestima los recursos de apelación y confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en septiembre del pasado año.
Un conflicto por una vivienda ocupada
El origen del enfrentamiento está en una casa de la zona de Chayofa, donde los acusados exigían a la víctima que la abandonara. Según la sentencia, días antes ya habían intentado presionarlo para que se marchara. El documento recoge una respuesta del agredido que evidencia la tensión previa: “¿Ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado”.
La resolución subraya que, de acuerdo con la Guardia Civil, los procesados actuaban vinculados a la gestión de viviendas ocupadas y a su “okupación y desokupación violenta”. El lesionado ocupaba el inmueble y se negaba a dejarlo, mientras que uno de los testigos declaró que pagaba 300 euros mensuales por residir allí.
Agresión planificada y extrema violencia
El tribunal describe cómo ambos hombres, de común acuerdo, atacaron por sorpresa a la víctima cuando salía de la vivienda. Uno de ellos le golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y continuaron la agresión después de que cayera al suelo, completamente indefenso. Las lesiones fueron de gran gravedad, con riesgo vital y múltiples operaciones posteriores, además de secuelas físicas y psicológicas.
La sentencia también detalla que los agresores golpearon a la hija del hombre, cuando la joven trató de detenerlos y presenció toda la escena.
Pruebas suficientes y condena firme
El TSJC rechaza las alegaciones de falta de prueba y vulneración de la presunción de inocencia, al considerar acreditados los hechos mediante testigos, informes periciales, documentos y pruebas indiciarias. Los magistrados confirman la calificación jurídica de tentativa de asesinato, al apreciar ánimo homicida y alevosía, ya que el ataque fue sorpresivo, coordinado y ejecutado sobre una víctima sin posibilidad de defensa.
Indemnización y nuevas diligencias
El tribunal considera proporcionada la pena impuesta y mantiene la responsabilidad civil fijada: 250.000 euros para la víctima principal, 1.000 euros para la hija y compensaciones adicionales por las secuelas a determinar en la ejecución de sentencia.
La resolución también ordena deducir testimonio por si alguno de los testigos hubiera incurrido en falso testimonio durante el proceso judicial.
