Confirma que no se trata ni de prevaricación, ni cohecho, ni tráfico de influencias, ni malversación
La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria confirma el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, varios funcionarios municipales, el empresario Luis Oller y su mercantil Cornisa del Suroeste S.L por una supuesta artimaña para beneficiar a este último.
De esta forma, la Justicia desestima la acusación popular de Isabel Santiago (concejala de NC-BC hasta 2023). Esta presentó un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana el 21 de junio de 2024.
La denuncia giraba en torno a un acuerdo de mediación judicial entre el Ayuntamiento de Mogán y Cornisa del Suroeste. Este acuerdo fue negociado y ratificado por la Junta de Gobierno Local y homologado judicialmente.
Falta de pruebas
El nuevo auto respalda totalmente la decisión de la magistrada de instrucción de sobreseer el caso por considerar que no existen indicios suficientemente acreditados para continuar con el procedimiento penal.
La Sala destaca especialmente la falta de pruebas consistentes por parte de la acusación.
Entre estas la declaración de una funcionaria municipal, que solo llegó a testificar en sede policial y nunca ante la magistrada de instrucción, que la citó como investigada.
«Una clara persecución política»
Por su parte, Bueno manifestó su hartazgo frente a NC-BC. “El Derecho penal no está para dirimir disputas políticas ni para alimentar vendettas personales” afirmó. Instó también a los integrantes de esa agrupación en el municipio a dejar de abusar del aparato judicial “con fines claramente políticos”.
Para la alcaldesa este nuevo auto, que se suma a otras 5 causas archivadas hasta el momento con NC como acusación popular, ponen de manifiesto una “clara persecución política basada en suposiciones, hipótesis y acusaciones sin fundamento”. “La Justicia ha vuelto a desmontar un burdo intento de convertir una gestión legítima y transparente en un delito” apuntó.
Finalmente, Isabel Santiago tendrá que abonar las costas de este proceso judicial por su recurso de apelación al Juzgado de Instrucción solicitando que se revocara y continuara el procedimiento. También Luis Oller y Cornisa del Suroeste, por recurrir solicitando el sobreseimiento libre y archivo definitivo del procedimiento.
