La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido de 81 años de cárcel y 3,5 millones de euros. Son siete personas acusadas de un presunto delito contra la salud pública. La banda actuaba en el sur de Tenerife
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido de 81 años de cárcel y 3,5 millones de euros a siete personas. Están acusadas de un presunto delito contra la salud pública. Supuestamente formaban una banda que se dedicaba a vender cantidades “relevantes” de drogas de diseño en el sur de Tenerife.
El juicio tendrá lugar el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Tenerife. Los acusados los detuvieron cuando la policía investigaba otro delito.
La droga se importaba desde Gran Bretaña y Países Bajos
El suministro procedía de otro sujeto que actualmente está en situación de rebeldía y que actuaba como intermediario en una amplia organización criminal. Estaba formada por ciudadanos que importaban las sustancias desde Gran Bretaña y los Países Bajos mediante correos humanos, indica la Fiscalía.
También llegaban a la isla camufladas en automóviles enviados como cargas por vía marítima. Luego se distribuían en el mercado ilegal, junto con cocaína y hachís que obtenían por otros medios.
El primer detenido se trataba uno de los miembros encargados del almacenamiento y de las entregas de las pastillas a los intermediarios de inferior nivel en la distribución de la droga.
Las pastillas de éxtasis luego se distribuían en el mercado ilegal de consumidores insulares, en ocasiones junto con la cocaína y hachís.
Identidades falsas
La banda estaba conformada principalmente por británicos que residen en el sur de Tenerife. En principio estaba dirigida por uno de los procesados de esa nacionalidad que tenía una falsa identidad.
Éste último era el encargado de las compras y luego la recepción en la isla de las mercancías. Daba órdenes sobre dónde almacenarlas, autorizando a algunas personas a acceder a estos recintos y su venta, percibiendo luego el dinero obtenido.
Subordinados a este procesado se encontraban varias personas más que asumían diversas tareas y funciones.
Uno de ellos se había fugado de una prisión británica. Con una identidad falsa actuaba como correo cobrando una comisión por la venta de cada pastilla.
Con el tiempo este acusado fue adquiriendo mayor relevancia dentro de la red. Se encargó del acceso a los lugares donde se escondía la droga.
Otro procesado, también británico, vendía las pastillas que le entregaban fiadas y de las que luego se quedaba con una comisión.
Un acusado más, de idéntica nacionalidad que actuaba con identidad falsa tenía un socio en un bar del Centro Comercial de Los Cristianos donde se vendían las sustancias.
Fue también detenido otro británico al que se le intervino un teléfono con el que realizaba los contactos criminales. Con los beneficios obtenidos de esta actividad había comprado un vehículo que puso a nombre de la empresa de su padre.
Otro acusado es croata. Se encargaba de las tareas de seguridad personal de los miembros más relevantes y del acceso a las viviendas en Arona donde se guardaba la droga.
Un procesado más, también británico, hacía de correo para lo que viajó a Amsterdam con la misión de traer miles de pastillas. Esta operación no se llegó a concretar porque no pudieron ponerse de acuerdo.
Este acusado recibía cíclicamente partidas de éxtasis. En concreto se tiene constancia de una de mil pastillas, otra de dos mil. Finalmente lo detuvieron cuando llevaba escondido en sus pantalones dos bolsas de plástico con casi 2.000 comprimidos de MDMA. Pesaban más de medio kilo, tenían un pureza del 32,33% y cuyo precio en el mercado negro hubiese alcanzado los 21.300 euros.
Al día siguiente se registró su vivienda en Costa del Silencio. Allí se intervinieron pesas de precisión, móviles, tarjetas de teléfono, hojas con anotaciones de las operaciones y una cámara de video.
Conexiones con una banda de Gran Canaria
Una de las tramas interceptadas se había negociado con otra banda que operaba en Gran Canaria. Con ella se concertó la compra en Holanda de 30.000 pastillas de MDMA y de éxtasis que llegaron por vía aérea a Gran Canaria y luego en barco a Tenerife mediante un coche.
Esta operación fue finalmente interceptada por la policía en el bar del Centro Comercial ya mencionado. En ese momento se les intervinieron 30.500 comprimidos que pesaban ocho kilos, aunque su pureza real llegaba a los 1.600 que se hubiesen vendido por más de 300.000 euros.
El cabecilla de la banda llegó a estar detenido en San Bartolomé de Tirajana cuando se le incautaron 56.000 pastillas. A partir de ahí se identificaron algunos de los otros miembros a los que se les incautaron casi 4.000 euros.
Cantidad similar a la encontrada en el domicilio del cabecilla situada en Torviscas Alto, en Arona, y a la que siguieron otras intervenciones en las casas de los restantes detenidos.
En éstas se hallaron ordenadores portátiles, móviles, una linterna taser, un puño americano y documentación de inversiones inmobiliarias en Murcia que consistían en dos pisos cuyo valor ascendía a alrededor de 300.00 euros.
El procesado rebelde abandonó Tenerife cuando quedó en libertad provisional. Lo que dio lugar a que se sucedieran algunas modificaciones en el seno de la organización, así como que se adoptaran medidas de seguridad como cambios de números de teléfono.
El nuevo clan logró introducir en la isla miles de pastillas desde Reino Unido que llegaron a un almacén en el Valle de San Lorenzo, en Arona. Además organizó otra operación para esconder la mercancía en el interior de un coche enviado en un contenedor desde Reino Unido y que también consistía en 11.000 píldoras que pesaban más de tres kilos que hubiese sumado alrededor de 208.000 euros.
A partir de ese momento, de forma paulatina, fueron detenidos el resto de los componentes de la banda. Se registraron sus viviendas, en las que se encontró hachís, entre otros elementos relacionados con esta actividad ilegal.
El último procesado fue detenido cuando llegó de Tailandia. Se le encontraron en sus maletas sustancias anabolizantes que pretendía vender sin tener autorización.
