El Gobierno canario pondrá en marcha el servicio de acogimiento residencial de 10 plazas para menores con discapacidad entre 6 a 17 años bajo una medida de protección, guarda o desamparo
El Gobierno de Canarias ha autorizado la contratación de un nuevo servicio de acogimiento residencial de atención a menores en situación de desprotección y bajo su tutela, con grave discapacidad o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa o gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico, por un importe de 2.581.408,80 euros.
El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, consta de un total de 10 plazas para menores entre 6 a 17 años bajo una medida de protección, guarda o desamparo, que se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Canarias.
Se trata de menores que requieran una intervención específica y especializada, debido a su situación de grave discapacidad y/o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa ó gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico.
La contratación de un servicio regional de acogimiento residencial, que estará ubicado en Gran Canaria o Tenerife, tendrá una duración del contrato de 36 meses, con posible prórroga de 24 meses, estimándose un total de cinco años de duración.
Autorizados 17 millones para atención de menores inmigrantes no acompañados
El Gobierno de Canarias ha aprobado la autorización de gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los centros y dispositivos de emergencia de atención inmediata de menores inmigrantes no acompañados, por importe 17.080.506,59 euros, ha informado el Ejecutivo.
Esta autorización de créditos tiene como objetivo dar cobertura a los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de Menores Extranjeros y Extranjeras No Acompañados (DEAMENAC).
El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.
En la actualidad, Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 22 en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en el Hierro y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a más de 2.100 menores migrantes.
Autorizados 3,7 millones para póliza de seguro vida de los empleados públicos
El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la prima de la póliza del seguro colectivo de vida del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, por importe de 3.749.950 euros.
La contratación de este seguro colectivo de vida fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2021, y se adjudicó a la compañía Surne Mutua de Seguros y Reaseguros, mediante la Orden número 201/2021, de 29 de diciembre de 2021, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
El contrato se formalizó el 2 de febrero de 2022, siendo su duración de tres años, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y la forma de pago de la prima es a través de un abono único anual.
La póliza de seguro actual cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez (6.010,12 euros) del personal público (funcionarios, laborales y estatutarios del Servicio Canario de Salud).
El colectivo de asegurados es de 84.205 empleados públicos
A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad).
La inclusión en la póliza, para todo el colectivo a asegurar, es automática, no existiendo condiciones de adhesión de ninguna clase ni siendo necesario la cumplimentación de boletín de adhesión, la declaración de estado de salud o requisito médico.
Están excluidos de la cobertura de este seguro los riesgos calificados como extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, según legislación vigente en cada momento, cubiertos por dicha entidad, los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
Para ver la siniestralidad completa de ese año hay que reflejar también aquellos comunicados ese año, pero que han de ser imputados a años anteriores.
Siendo así, tanto en el año 2021 como en el 2022 la siniestralidad total comunicada asciende a importes cercanos a 3,7 millones de euros.
Por ejemplo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, se comunicaron 59 fallecimientos (709.194,16 euros) y 498 personas con incapacidad (2.993.039,76 euros), lo que supone un total de 3.702.233,92 euros.
El Gobierno tramita un decreto para agilizar las reclamaciones de consumo
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves un borrador de decreto con el que se pretende agilizar el procedimiento para las reclamaciones y denuncias en las relaciones de consumo.
El documento regula los servicios de atención al cliente y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa por internet, a través de la sede electrónica.
El Consejo remitirá ahora el texto al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen, paso previo a su aprobación.
Según el nuevo procedimiento que contiene el borrador de decreto, las empresas estarán obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
En este sentido, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos (ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR), que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que éstos puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.
El proyecto de decreto contempla, a su vez, la obligación de los empresarios de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención al cliente, bien de forma presencial, en el propio establecimiento, o a distancia.
El servicio de atención al cliente a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.
Prorrogan el contrato de las peritaciones judiciales por 2,3 millones
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto de 2,3 millones de euros para prorrogar el contrato para la realización de peritaciones en los órganos judiciales.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se han realizado más de 10.000 peritaciones y el objetivo es modernizar el servicio introduciendo en el contrato nuevas pruebas,
No obstante, ha apuntado, que como se trata de un cambio importante, se ha decidido prorrogar el actual contrato mientras se trabaja en su modificación.
La vigencia de la prórroga aprobada este jueves abarca desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 y del montante total, 1.346.862,5 euros se destinarán a las peritaciones efectuadas en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas y 960.325 euros a las desarrolladas en los de la de Santa Cruz de Tenerife.
Formalizado en mayo de 2020
Este contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por un importe de 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC) y en dos lotes.
El Gobierno explica que el lote primero, para los órganos judiciales de Las Palmas, y el segundo para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Al terminar la vigencia de este, el 19 de mayo de 2021 se prorrogó, por primera vez, por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2022, por un importe de 2.006.250 euros (incluido el IGIC).
Antes de finalizar su vigencia, se modificó el importe del referido contrato, ascendiendo la cuantía de la modificación a 281.250 euros (sin incluir el IGIC).
La segunda prórroga al referido contrato, por otros 12 meses más, se realizó el 9 de mayo de 2022 y abarcaba desde el 1 de junio de 2022 hasta el próximo 31 de mayo de 2023, siendo el importe de 2.307.187,5 euros (incluido el IGIC).
Ante la finalización del plazo de la prórroga el próximo 31 de mayo, y valiéndose de que el contrato permite su prolongación por un periodo máximo de cinco años (uno de vigencia más cuatro de prórroga), el Ejecutivo canario ha considerado necesario una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que se está ejecutando por la empresa adjudicataria de forma satisfactoria, siendo los precios por actuación pericial los que rigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación.
Competencias de evaluación ambiental de Haría
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aceptado este jueves la delegación del Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.
La Evaluación de Impacto de Proyectos tiene por objeto evaluar los efectos que un proyecto tiene sobre el medio ambiente, mientras que la Evaluación Ambiental Estratégica evalúa ambientalmente planes o programas.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley, explica el Ejecutivo.
Evaluación ambiental
El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilita la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico como un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.
