Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y los estatales trabajarán en un documento legislativo que garantice el reparto de niños y niñas para aliviar la situación “límite” de Canarias

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, se ha reunido este jueves con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La reunión se ha celebrado en la Sede del Ministerio en Madrid, sobre las 7:30 h. El objetivo de esta era obtener una respuesta a la crisis de menores extranjeros no acompañados que sufre el archipiélago. Una reunión que contaba con el apoyo del Gobierno de Ceuta y de Amnistía Internacional.

Tras la reunión, Clavijo adelantaba que se trata de «un problema a futuro. Porque cuando cumplan 18 años, esa gente va a estar fuera de los recursos de las comunidades autónomas». «¿Qué va a ser de esa gente?», señalaba. Asimismo, dijo que es un problema en el que hay que profundizar en las situaciones y en los dramas, «para saber la gravedad de lo que se está viviendo en Canarias».

Torres ha explicado que el pasado 17 de diciembre recibió una propuesta de borrador para una modificación a través de un mecanismo legislativo. Este borrador fue trasladado a los servicios jurídicos. Así, este 3 de enero, Torres le informó que desde los servicios jurídicos, se ponían a total disposición y veían viable avanzar en esa propuesta. Por su parte, el Gobierno Canario respondió solicitando esta reunión de forma urgente.

Un texto para el reparto extraordinario de menores migrantes

Finalmente, tras la reunión se ha pactado que el Gobierno Central y el de Canarias, tienen un plazo de 10 días para cerrar un texto para la distribución extraordinaria de menores migrantes que han llegado a las islas entre el resto de las comunidades autónomas.

Según ha explicado Clavijo tras el encuentro, se ha pactado dar este plazo a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y a los del Estado para que consensuen una propuesta de decreto ley u “otra fórmula legislativa” que sirva para “aliviar la situación límite” que vive Canarias. Una vez cerrada, dicha propuesta legislativa será elevada a la Abogacía del Estado o al Consejo del Estado para que tenga “todas las garantías” jurídicas.

De igual forma, Torres ha explicado que «en esta reunión hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados».

Clavijo no renuncia a la modificación del art. 35 de la Ley de Extranjería

Además de la aprobación de este decreto ley, Clavijo también ha aprovechado el encuentro para poner sobre la mesa la situación de los 545 expedientes de asilo de niños y niñas de Mali acogidos en Canarias. Estos expedientes esperan una resolución del Ministerio de Interior para que el Estado asuma su tutela. Su cumplimiento, recordó, también contribuiría a aliviar la presión que sufre el sistema de acogida del archipiélago.

Por último, Clavijo ha destacado que no renuncia al cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería, propuesta que cuenta con el respaldo del Pacto Canario de la Migración.

El PP rechaza un reparto no consensuado de menores migrantes

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha informado que su partido está en contra de «cualquier reparto» de menores migrantes no consensuado y que no cuente «con la dotación presupuestaria necesaria».

Tellado ha señalado que su formación opinará sobre ese principio de acuerdo cuando esté plasmado «en papel». A su vez, ha indicado que le gustaría que el Ejecutivo «entrase al problema de fondo» porque «España tiene una crisis migratoria sin precedentes debido a la falta de política migratoria del Gobierno de España».

«Nuestras fronteras -ha dicho- son un coladero para las mafias que trafican con la vida de personas». Según ha indicado, «si hay países de nuestro entorno que han sido capaces de frenar la inmigración ilegal, España también puede y debe hacerlo».

«Lamentablemente -ha añadido- no lo hace porque el Gobierno de Sánchez con ese discurso buenista está instalado en un efecto llamada irresponsable«.

Tellado ha puesto de manifiesto que el PP está a favor de la inmigración «regular», «legal» porque «España la necesita». Además, se posiciona en contra de la inmigración «ilegal, en contra de las mafias que trafican con personas».

Vox también rechaza el acuerdo porque refuerza el «efecto llamada»

También Vox ha rechazado el acuerdo, ya que, según la formación, refuerza el «efecto llamada». Pepa Millán ha adelantado que su formación votará en contra de un futuro posible acuerdo que contemple el reparto. Asimismo, ha considerado que lo que hace el Gobierno y el Ejecutivo canario es «repartir la inmigración ilegal por toda España para decirle al mundo que aquí cabe cualquiera y que entre de cualquier forma».

Millán ha enfatizado que Vox está «en contra de las políticas de puertas abiertas». Además, insiste en que «las políticas de efecto llamada lo que traen consigo es más inmigración ilegal«.

«El mensaje que hay que lanzar al mundo es que aquí el que venga ilegalmente será devuelto a su país de origen y que los menores que entren aquí de forma ilegal serán reagrupados con sus familias en sus lugares de origen», ha proseguido.