Trabajadores de la Dirección General de Justicia se han concentrado para denunciar que sus plazas no están incluidas en la oferta pública. La UE obliga a España a reducir la temporalidad del personal de las administraciones de un 40% a un 8%
Parte de la plantilla de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias se ha concentrado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. La causa de la concentración era denunciar que sus plazas no están incluidas en la oferta pública de empleo anunciada por el ejecutivo. Se trata de 24 trabajadores que, aseguran, llevan en situación de temporalidad más de veinte años.
A este respecto, Helena González, trabajadora interina de la Dirección General de Justicia, ha declarado que no han recibido «ninguna explicación jurídica de por qué solo las 24 personas de la Dirección General no entramos a formar parte de esa lista de empleo público si el resto de interinos de la comunidad autónoma ha entrado».
Función pública y los servicios jurídicos del Gobierno autonómico consideran que la estabilización de estos 24 trabajadores corresponde al Ministerio de Justicia y no a la comunidad autónoma.
Oferta pública de más de 22.000 plazas de empleo en Canarias
Por otro lado, el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Julio Pérez, anunciaba, también este jueves, la publicación de la oferta pública de empleo. Una oferta que contempla más de 22.000 puestos de trabajo en Canarias destinados a cubrir la estabilización de personal de la administración pública canaria.
La mayoría, casi 9.000, estarán destinadas a Sanidad. Más de 5.500 a Educación y 3.500 plazas para la Administración General. Este es un primer estadío de esta OPE, que consistía en identificar correctamente el número de plazas ofertadas.
Serán convocadas como máximo el 31 de diciembre de 2022. Según la ley de Estabilización de Personal, para el 31 de diciembre de 2024 deberían estar ya otorgadas.
En esta línea, Julio Pérez, ha declarado que «para incorporarse a la Administración Pública hay que cumplir una serie de exigencias». Afirma que «este proceso va a ser especial, distinto, singular y también excepcional«.
Por otro lado, asegura que «el Gobierno de Canarias ha tratado de proveerse de la mayor seguridad jurídica posible porque es muy probable, que se produzcan luego conflictos judiciales».
La UE obliga a España a reducir la temporalidad del personal de las administraciones
En el marco nacional e internacional, recibir 152.000 millones de euros de la Unión Europea por los fondos ‘Next Generation’ tiene un contrapunto. La UE obliga a España a reducir la temporalidad del personal de las administraciones de un 40% al 8%, como máximo.
En este sentido, Fernando Fariña Guillén, director de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos del Cabildo de Tenerife ha explicado que «tenemos un marco jurídico que señala cuál es la hoja de ruta que tenemos que establecer para evitar tanta temporalidad en las administraciones públicas, pero tropezamos con la realidad de cada administración».
Por su parte, Pepe Cabrera Domínguez, director de Función Pública del Cabildo de Gran Canaria, considera que, aunque «la administración del Estado suele tener históricamente menor porcentaje de personal temporal, en la autonómica y la local estamos desastrosamente mal».
El 30% de las plantillas públicas canarias es temporal. Trabajadores que, en base a la ley 20/21, ahora se enfrentan a un concurso de méritos si fueron contratados antes del 1 de enero de 2016, o a un concurso oposición si firmaron sus contratos antes del 1 de enero de 2018.
Según Fariña Guillén, es necesario «actuar con mucha solvencia jurídica pero teniendo en cuenta que la finalidad es hacer lo posible, bajo los principios de la ley, para que los trabajadores o trabajadoras tengan su derecho a la estabilidad».
Cabrera Domínguez apela también a la estabilidad del que «desarrolle servicios públicos en la condición de funcionario o personal laboral».
La ley obliga a publicar las OPE antes del 1 de junio y a convocarlas antes del 31 de diciembre. Todos los concursos deberán estar resueltos el 31 de diciembre de 2024.
